Jueces, policías, políticos y expertos piden la legalización de la droga

Una asociación denominada Plataforma Alternativa sobre las Drogas (PAD), que hizo ayer su presentación oficial en Madrid, y un grupo de expertos vinculados al Plan Nacional sobre Drogas han coincidido en propugnar un cambio radical en la actual política sobre uso y consumo de estupefacientes y su despenalizacíón controlada. Entre los promotores de la asociación se hallan jueces, policías, políticos, periodistas, sindicalistas y líderes del movimiento vecinal.Según los expertos, autores de un estudio sufragado por el Plan Nacional sobre Drogas, el actual planteamiento criminalizador no sólo ha fracasado en sus objetivos, sino que contribuye a agravar el problema social y dificulta la posibilidad de una prevención y tratamiento eficaces. El informe concluye que es preciso replantear la actual política en materia de drogas y propugna estudiar medidas de despenalización controlada.

Los autores definen la actual política sobre drogas como "generadora de irracionalidad, gastos inútiles, impotencia social y frustración". "Lo que nos preocupa", afirma Sergio González, presidente del grupo de estudios que ha realizado el trabajo y director técnico del Colegio de Psicólogos de Barcelona, "es que el fracaso evidente de la actual política no conduce a un debate público, como sería lógico, sino a un endurecimiento todavía mayor del discurso sobre las drogas".

El eje central de la actual política criminal es el intento de controlar policialmente el tráfico de drogas. Según el informe, dicho control "resulta ineficaz y arbitrario porque, al igual que ocurre con otros tipos delictivos que responden a demandas sociales reales no satisfechas, como el aborto, la tasa de eficacia de la represión es bajísima. La cantidad de droga que la actuación policial consigue retirar del mercado no supera el 10%".

"¿Cómo va a creerse el Gobierno que podrá controlar el tráfico ilegal de drogas cuando ni siquiera es capaz de impedir que entre la heroína en sus propias prisiones?", añade Carlos González, profesor de Derecho Penal de la universidad de Barcelona.

Páginas 34 y 35