La CE envía el pliego de cargos contra el cártel del acero inoxidable

La Comisión Europea ha enviado esta semana el pliego de cargos a las compañías siderúrgicas acusadas de haber formado un cártel para fijar precios de venta elevados y repartirse el mercado. La sociedad española Acerinox, filial del Banco Español de Crédito, figura entre las implicadas. Las empresas tienen un plazo de seis semanas para presentar sus alegaciones. Una vez finalizado el mismo, es probable que se abra un período de consultas bilaterales antes de que se proceda a fijar las sanciones.

La carta enviada a las empresas siderúrgicas es resultado de la inspección realizada por funcionarios comunitarios los pasados 28 y 29 de abril. Aparte de la española Acerinox, los investigados fueron los poderosos grupos Thyssen y Krupp (RFA), British Steel (Reino Unido), Terni Speziali (Italia) Ugine (Francia) y ALZ (Bélgica). Estas siete compañías, junto a la sueca Avesta y la finlandesa Outokumpu, integrantes del llamado Club de Sendzimir, están acusadas de haber llevado a la práctica un acuerdo para repartirse el mercado y fijar precios altos a los productos planos de acero inoxidable y laminados en frío.El pliego de cargos, firmado por el comisario Peter Sutherland, responsable de la defensa de la libre competencia, demuestra la voluntad de continuar el proceso por violación del artículo 65 del tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), que prohíbe expresamente estas prácticas "tendentes a impedir restringir o falsear el juego normal de la competencia dentro del mercado común". El escrito va acompañado de una parte de la documentación encontrada en las inspecciones, como prueba de la existencia del acuerdo ilegal.

Al parecer, las implicaciones son tan fuertes que llegan hasta Eurofer -la patronal europea de la siderurgia-, la cual tuvo una función de administradora del pacto. En fuentes próximas a las empresas afectadas se apunta que la Comisión Europea conocía estas prácticas y que, de alguna manera, las había consentido. Esta supuesta connivencia apunta directamente hacia el comisario europeo Karl Heinz Narjes, responsable de Industria, aunque, según fuentes comunitarias, "esa permisividad se interrumpió hace más de un año porque las empresas iban demasiado lejos".

El comisario Sutherland es partidario de acelerar el proceso para imponer multas ejemplificadoras antes de que finalice su mandato en diciembre. Las sanciones no llegarían, sin, embargo, al máximo del 10% de facturación de cada empresa, lo cual se considera excesivo. Otros comisarios se inclinan por hacer la vista gorda. En algunos gabinetes la impresión es que las normas para hacer respetar la libre competencia deben aplicarse a favor de la industria europea y no, como sería este caso, en su contra. Además, opinan que la solución dura propugnada por Sutherland sería una herencia demasiado pesada para quien le suceda en la cartera.