El Supremo ordena al Tribunal de Cuentas que se pronuncie sobre la reprivatizacion de Rumasa

El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado dos autos del Tribunal de Cuentas por los que se denegaba la exigencia de responsabilidades contables por la reprivatización de determinadas empresas del grupo Rumasa. El Supremo considera que José María Ruiz-Mateos tiene derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, declara que el Tribunal de Cuentas deberá tramitar la reclamación del financiero jerezano "en función del resultado de la fiscalización de las cuentas originadas por la reprivatización". Esto significa que el Tribunal de Cuentas deberá pronunciarse sobre la legalidad y el alcance de la venta del holding, por tratarse de fondos públicos.

El alto Tribunal que únicamente ha reconocido el derecho de Ruiz-Mateos a que se abra el procedimiento para depurar responsabilidades, si las hubiera, por la reprivatización, no ha cuestionado la legalidad de la operación.El Supremo, en la sentencia, distingue que el Tribunal de Cuentas tiene dos funciones: una fiscalizadora y otra jurisdiccional. Por la primera, se fiscalizan las cuentas y la gestión económica del Estado y del poder público; mientras que por la segunda, se juzga la responsabilidad contable en la que incurren quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. De la primera función, el Tribunal de Cuentas responde ante las Cortes, en tanto que contra las decisiones de la función jurisdiccional cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que, agrega la sentencia, "cualquier limitación que se establezca respecto a la posibilidad de enjuiciar por la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones del Tribunal de Cuentas dictadas en su función jurisdiccional, suponen una violación del artículo 24 de la Constitución", que proclama el derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia señala que "si como consecuencia de una fiscalización puede resultar un alcance -y subsiguiente reintegro- este debe entenderse referido y puede producirse en todas y cada una de las operaciones o negocios que el Tribunal de Cuentas puede y debe de fiscalizar y entre otros en los contratos celebrados por la Administración del Estado y entidades del sector público". El Supremo puntualiza que esto era práctica corriente en el Tribunal de Cuentas, por lo que al no seguirla, se adoptaron soluciones distintas ante situaciones iguales.

El Supremo considera que no se debió de inadmitir la acción pública de reintegro por alcance fuera del juicio de cuentas instada por el abogado de Ruiz Mateos, sino subordinarla a la actividad fiscalizadora.

El informe del Tribunal de Cuentas fue aprobado a finales del mes de junio por ocho votos a favor y cuatro en contra. En el mismo se señalaba que el coste global de la expropiación, gestión pública y reprivatización había costado 652.000 millones de pesetas.

Informe favorable

El Tribunal precisaba en el informe de fiscalización que el proceso de reprivatización de las empresas del grupo se había desarrollado con regularidad en los aspectos legales, financieros y contables. Sin embargo, cuatro de los miembros del Tribunal de Cuentas emitieron un voto particular en el que afirmaban que no había habido suficientes verificaciones o comprobaciones de los datos.El informe de fiscalización será debatido en el Parlamento en septiembre, aunque no parece que vaya a haber problemas para que la cámara de su visto bueno, habida cuenta de que los socialistas cuentan con mayoría absoluta.

La decisión del Supremo obliga ahora al Tribunal de Cuentas a pronunciarse sobre el resultado de la fiscalización de las cuentas originadas por la reprivatización. Parece evidente que los miembros del tribunal considerarán que no existe responsabilidad contable alguna, subordinando su decisión al informe de fiscalización. Pero de ahí podría surgir el problema, ya que contra el juicio emitido por el Tribunal de Cuentas sobre su propio informe fiscalizador cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El ministro de economía, Carlos Solchaga, ratificó ayer la transparencia y limpieza que ha existido en el proceso de reprivatización de Rumasa. Según Solchaga, el Gobierno ha dado por concluída la venta del holding al sector privado.

Ramón Pelayo, abogado de Ruiz-Mateos, declaró ayer que la sentencia supone "la primera grieta seria abierta en el muro del poder del PSOE, informa Europa Press.

Por su parte, Alianza Popular anunció su intención de personarse ejercitando la Acción Popular en el juicio sobre la reprivatización de Rumasa.