La acusación del 'caso el Nani' cree que el temor de las defensas a un atentado es una maniobra dilatoria

Los abogados de la acusación del caso el Nani consideran que las amenazas denunciadas ayer por los defensores de los policías procesados son una maniobra para provocar la suspensión del juicio. Tres de los cuatro letrados de los agentes amenazaron ayer con renunciar a la defensa de sus clientes tras denunciar un intento de atentado en la tarde del martes. El presidente del tribunal, el magistrado Salvador Domínguez, decidió suspender la vista hasta la mañana de hoy, cuando tomará una decisión al respecto, no sin antes asegurar que él también ha recibido anónimos y amenazas. El director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, mantuvo ayer una entrevista con el magistrado Domínguez.

El letrado José Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, fue quien primero anunció durante la vista oral de ayer que renunciaba a seguir defendiendo al mencionado agente si no se adoptaban las medidas de protección que estima necesarias tras el suceso del martes.La amenaza de renunciar a las defensas fue inmediatamente secundada por los letrados Manuel Tuero -defensor de los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y José María Pérez Gutiérrez- y Manuel Salgado Cobo -defensor del inspector Francisco Aguilar González-.

El cuarto de los defensores, el abogado Fernando Carpena -quien lleva los intereses de los inspectores Felipe Pindado Berruezo, Gonzalo Álvarez Fernández y Miguel Ángel Lebrón Díaz-Flor-, no tomó una postura al respecto, ya que, según dijo, era la primera noticía que tenía del hecho.

Rodríguez Menéndez aseguró a este periódico que la dotación de la Guardia Civil que protege la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial le comunicó el martes que "habían recibido una llamada del servicio policial del 091 asegurando que existía una información contrastada en el sentido de que se preparaba un atentado contra los procesados y sus defensores".

Según el mencionado letrado, el viernes pasado se recibió en la sala policial del 091 una información de un comunicante anónimo que señalaba que varias personas habían sido vistas en los lavabos de la Audiencia Provincial colocándose unas pelucas y portando armas de fuego.

El pasado martes, la policía comunicó a la dotación de la Guardia Civil que protege el desarrollo del juicio que esta información había sido contrastada, siempre según dicho letrado.

La Dirección General de la Policía, cuyo titular, José María Rodríguez Colorado, se entrevistó al final de la mañana de ayer con el presidente del tribunal, aseguró en un comunicado que confia en que "puedan reanudarse normalmente las sesiones del juicio".

"Falsa alarma"

El comunicado policial agregaba que se considera la amenaza como una "falsa alarma", aunque anunciaba que, desde la tarde de ayer, los defensores de los procesados contarían con escolta policial. Sin embargo, José Emilio Rodríguez Menéndez, Manuel Tuero y Manuel Salgado denunciaron a última hora de la tarde de ayer que la policía había incumplido su compromiso previo de proporcionarles protección. "La Dirección General de la Policía vuelve a mentir", señaló Rodríguez Menéndez.

La policía añade en su comunicado que efectivos del Cuerpo han efectuado un registro en profundidad de las dependencias de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo resultado ha sido negativo.

Mientras, los letrados de la acusación restaron toda importancia al suceso y aseguraron que ellos mismos venían siendo objeto de acciones similares, lo que no había impedido que siguieran ejercitando su labor profesional.

José Antonio Sanz Grassa, abogado de la familia de Santiago Corella, manifestó ayer su incredulidad ante el hecho de que, a partir de una información tan confusa como la dada por el 091, se deduzca directamente que la supuesta amenaza se dirigía contra los procesados y sus abogados defensores. "No me cuadra, me huele a chamusquina", declaró Sanz Grassa a este periódico, "pero como abogado me tengo que solidarizar con mis compañeros".

Jaime Sanz de Bremond, representante de la acusación popular, manifestó: "Nos extraña que ahora, a punto de concluir el juicio, y habiendo existido otras llamadas y amenazas, las defensas planteen esta cuestión, renunciando a las defen sas de sus clientes, sabiendo que con ello pueden provocar la suspensión del juicio".

Mientras, Rodríguez Menéndez negó que en su actitud haya nada de maniobra y ase guró que no entendía cómo "los compañeros de la acusación no defienden el derecho constitucional de defensa". El abogado Manuel Tuero insistió en que "no se puede entorpecer el derecho a la defensa, ya que es sagrado. Los procesados tienen derecho a un juicio con todas las garantías". "Es un derecho que exijo, no que pido", añadió.

Amenazas al presidente

Tras la amenaza de renuncia de las defensas durante la vista oral de ayer, el propio presidente del tribunal, el magistrado Salvador Domínguez, notificó que tanto el tribunal como él mismo habían recibido anónimos y amenazas, hecho que se desconocía hasta el momento. Finalmente, los letrados de la defensa aseguraron qué se someterán a la decisión que la sala haga pública en la mañana de hoy.