El Ayuntamiento subió en secreto un 27% el agua en 1986

El equipo de gobierno municipal ha solicitado a la Comisión Regional de Precios un incremento del 3% en el recibo del agua. La subida, a cuenta del canon que se paga por la depuración y saneamiento del agua de consumo, se sumaría al incremento que, según pudo saber este periódico, decidió el Ayuntamiento el 31 de marzo de 1986, de 29,60 a 37,59 pesetas (un 27%), sin hacerlo público. Por otra parte, la Sala Cuarta de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territonal de Madrid ha fallado a favor de la empresa Tolsa, SA, por lo que el Ayuntamiento deberá devolverle 439.330 pesetas que cobró por el citado canon.En febrero de este año, el alcalde de Madrid, Juan Barranco, escribió al presidente regional, Joaquín Leguina, para manifestarle la necesidad de subir de nuevo el canon. Alfredo Tejero, concejal de Economía y Hacienda, escribió a su vez en abril al consejero de Economía regional Eugenio Royo, concretando la petición de subida en un 3%, porcentaje que se espera sea el IPC de este año. En 1987, el Ayuntamiento recaudó 7.215 millones por el canon, cantidad que irá subiendo aproximadamente en unos 1.000 millones cada año.

En marzo de 1986, el Ayuntamiento ya solicitó incrementarlo hasta las 32 pesetas. La Comisión Regional de Precios no entró a debatir el asunto, por entender que era un tema de competencia estrictamente municipal. Pocos días después, el 31 de marzo, el equipo de gobierno fijó el incremento en 31,97 pesetas para las industrias, y entre 31,38 a 37,59 para los particulares, según el consumo de agua, sin que se diera publicidad al aumento.

Un miembro de la Comisión de Precios afirmó ayer que el criterio sigue siendo que la decisión de subir el canon es competencia municipal. "Si piden autorización a la Comisión es tal vez para que sea ésta quien figure como el organismo relacionado con la subida, que es siempre impopular".

La sentencia de la Audiencia Territorial, de la que el pleno municipal se dio ayer por enterado, señala que el Ayuntamiento deberá devolver a la empresa Tolsa, SA, la cantidad de 439.330 pesetas, "importe del incremento sobre el precio del agua que se le giró con destino a la financiación del Plan de Saneamiento Integral (PSIM)".

Ayer no fue posible hablar con los abogados de Tolsa ni con Alfredo Tejero para conocer los argumentos del fallo judicial. Fuentes del servicio jurídico murácipal informaron que la única copia de la sentencia que obra en poder del Ayuntamiento la tiene el alcalde, Juan Barranco.

Previsiones falsas

El PSIM se está revelando como uno de los grandes proyectos peor estudiados por los técnicos municipales y que más dinero le va a costar a los contribuyentes. El propio concejal de Economía y Hacienda, Alfredo Tejero, reconoció a este periódico que las previsiones económicas sobre el PSIM han fallado completamente, hasta el punto que el Ayuntamiento, según un estudio realizado por Hacienda, deberá subir el canon todos los años el IPC más 2,4 puntos -entre el 5% y el 6% anuales, si la inflación se mantiene en torno al 3%- para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento y reposición de maquinaria, colectores, alcantarillado y obra civil. El canon es una cantidad que el madrileño paga por metro cúbico de agua.En 1978, las previsiones eran que se pagaría en concepto de canon una cantidad de 11,60 pesetas, y sólo hasta que terminaran las obras de construcción de colectores y depuradoras. Las obras terminaron en 1984 y, al contrario, el canon experimentó un incremento de casi el 300%, hasta las 29,60 pesetas.

Aun así, si sólo se sube el IPC anual, el Ayuntamiento acumularía en los próximos 47 años un gigantesto déficit de 183.000 millones de pesetas. Al redactar el PSIM parece que no se tuvo en cuenta que los gastos de reposición de maquinaria -las depuradoras tienen una vida media de 10 años-, de la red de colectores -cuya vida útil media es de 30 años- y otros elementos del plan requerirían unos gastos muy costosos. Para los responsables de la hacienda municipal, estos gastos que hay que prever son la razón de que el canon deba aumentar anualmente y sin interrupción.