Los sindicatos proponen a los profesores una huelga indefinida a partir del día 31

Viene de la primera página Un comunicado del comité de huelga de los profesores, distribuido posteriormente por Europa Press, pide a los profesores que las medidas de presión anunciadas "no interfieran la realización de exámenes y evaluaciones del alumnado". "Mañana", agregan los firmantes de la nota, "nos dirigiremos a las organizaciones de estudiantes y de padres y madres de alumnos para comunicarles nuestra propuesta y pedir les comprensión hacia las decisiones de huelga y otras medidas que nos hemos visto obligados a tomar y que en ningún caso quieren atentar contra los derechos de la población escolar".

Los sindicatos ya habían anticipado el mismo lunes su disconformidad con la propuesta del subsecretario de Educación, Joaquín Arango, de trasladar al marco de la comisión interministerial de retribuciones el aspecto más ambiguo de la homologación con los funcionarios no docentes que los profesores reclaman. Dicho aspecto se refiere a la cuantía y a la generalización a todos los cuerpos docentes del complemento específico, pieza clave en el fondo de la discusión intersindical de estos días.

Servicios mínimos

En relación con el contenido de la orden reguladora de los servicios mínimos, un portavoz oficial dijo que el ministerio no podía revelarlo hasta que aquélla no le sea comunicada oficialmente al comité de huelga, según informa El citado portavoz ironizó sobre el hecho de que los sindicatos hubieran exigido al ministerio que se les convocara oficialmente a tal efecto, cuando la Administración había conocido la convocatoria de la nueva fase de huelga a través de la radio y de los despachos de las agencias.

Añadió que lógicamente, a tenor del decreto que dicha orden desarrolla y que entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ésta establecerá las condiciones para garantizar la realización de los exámenes finales del curso y, como también es preceptivo, el régimen de sanciones aplicables a los funcionarios responsables del incumplimiento de los citados servicios mínimos.

La reglamentación prevé sanciones que oscilan entre la separación del servicio y suspensión de empleo no inferior a tres años ni superior a seis.