El Poder Judicial asume la subida de un 30% a los jueces y aprueba un plan urgente

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumió ayer por mayoría de 14 votos a 6 la fijación de un módulo sobre el volumen de trabajo de los órganos judiciales, la petición al Gobierno de elevación de las retribuciones judiciales en torno al 30% y un programa de formación y perfeccionamiento, así como un plan de urgencia para la "normalización" de numerosos órganos jurisdiccionales. Seis miembros del Consejo discreparon del acuerdo, por estimar que se comparte el gobierno del poder judicial con las asociaciones.

El presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil, encabeza la mayoría que ha respaldado los trabajos realizados por tres vocales del Consejo, conjuntamente con tres representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria. La minoría -que refleja tina concepción más exigente con la carrera judicial y más gobernadora de la misma que cauce de sus reivindicaciones- la integran el vicepresidente Martuel Peris y los vocales Ignacio de Otto, Francisco Huet, Pablo García Manzano, Juan José Martínez; Zato y Valentín de la Iglesia.Por lo que se refiere a la fijación del módulo de trabajo de los órganos judiciales y al plan de urgencia, estos seis miembros del CGPJ anunciaron un voto particular, frente al acuerdo mayoritario, adoptado por 14 votos favorables. En materia retributiva, los votos favorables fueron 17, frente a dos en contra De Otto y Martínez Zato- y la abstención de Valentín de la Iglesia. De Otto anunció un voto particular y Martínez Zato explicó que el sistema retributivo debe empezar a regir a partir de 1989. El acuerdo sobre formación se aprobó por 17 votos frente a 3 (García Manzano, De Otto y De la Iglesia) y su novedad más sobresaliente es la potenciación de la formación práctica.

Según el acuerdo mayoritario, la elaboración de los módulos la coordinará una comisión formada por representantes del CGPJ y de las asociaciones judiciales, con invitación al Ministerio de Justicia, que tendrá en cuenta como criterios orientadores los trabajos realizados hasta el momento, las normas procesales vigentes, la realidad procesal actual y el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales de la justicia. El portavoz del Consejo, José Luis Calvo, resaltó que las asociaciones judiciales admiten que el módulo no limitará "la actividad y dedicación de cada juez, que irá", dijo, "más allá".

La mencionada comisión decidirá si se contratan o no los servicios de técnicos consultores, y a partir de esta decisión, contará con seis meses para elaborar los módulos. Hasta tanto se fija este módulo, se pondrá en marcha un plan de urgencia para reforzar los órganos con más retraso mediante medidas ágiles y rápidas, dada "la preocupante situación de numerosos órganos jurisdiccionales".

Independencia y dignidad

Para la fijación del sistema retributivo de jueces y magistrados, el Consejo adopta como orientación la norma legal por la que "el Estado garantiza la independencia económica de jueces y magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional". Para los jueces de ingreso, la retribución mensual limpia sin trienios que se propone para 1989 es de 250.000 pesetas (en la actualidad perciben entre 180.000 y 190.000 pesetas), que se incrementaría en un 33% para los magistrados y en un 66% para los magistrados del Tribunal Supremo. El Consejo asumió la alternativa de que para 1988 se aplique un aumento lineal de 25 puntos (cerca de 60.000 pesetas) mensuales para todos los jueces y magistrados.Los seis discrepantes con este acuerdo señalaron que el incremento de haberes de jueces y magistrados debe abarcar al personal colaborador y debe acompañarse de una exigencia al máximo del principio de incompatibilidad, "de forma tal que se eliminen las actuales situaciones de pluriempleo". Calvo explicó que esta alusión se refiere a la supresión de tareas docentes o de preparación de opositores legalmente permitidas.