Izquierda Unida quiere suprimir el trámite procesal previo al enjuiciamiento de magistrados

Izquierda Unida (IU) ha acordado reabrir un viejo debate en el Congreso en torno a la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) respecto a la conveniencia de que exista o no el antejuicio para las causas penales contra jueces y magistrados. IU presentará en los próximos días una proposición de ley para que se suprima ese proceso previo y no oculta que esa iniciativa tiene relación con la decisión del Tribunal Supremo en sus sanciones a los jueces implicados en la liberación del mafioso Antonio Bardellino. Los grupos consultados, incluido el socialista, estiman que el antejuicio debe mantenerse como forma de protección a los jueces, aunque reconocen que se hace cada vez más necesaria la implantación del jurado para que sea ese órgano el encargado de juzgar a magistrados y jueces.

La proposición de ley que prepara IU se dirige hacia la supresión del antejuicio (trámite procesal previo al enjuiciamiento de jueces y magistrados que puede parar el paso al juicio), por entender que constituye "una traba procesal de corte claramente corporativista", según portavoces de ese grupo. "En la práctica, el antejuicio supone un privilegio y una toma de posición sobre el fondo de la causa", según IU.

En relación con la sentencia del Tribunal Supremo por la que se readmite en la carrera judicial a Ricardo Varón Cobos después de que en 1986 el Consejo General del Poder Judicial acordara la expulsión de la carrera de éste y del también magistrado Jaime Rodríguez Hermida por su intervención en el caso Bardellino, IU presentará hoy una serie de preguntas cuyo fondo tiene que ver con el hecho de "quién juzga a los jueces". La respuesta que dan IU y la mayoría de los grupos, incluido el PSOE, es que debiera ser, "para mayor imparcialidad", la institución del jurado.

El diputado de la Comisión de Justicia del Congreso y vicepresidente de la cámara, Francisco Granados, reconoció que "tanto la vista del antejuicio como el juicio es algo propio del jurado", aunque defendió la permanencia del antejuicio. "Ya se consiguió algo muy importante en las discusiones de la LOPJ, cual fue la supresión del antejuicio para materias civiles, y es cierto que dio lugar a polémica el debate sobre si éste debía mantenerse o no para los casos penales, y se concluyó que sí en aras de proteger la independencia judicial, ya que en caso contrario los jueces estarían amedrentados", explicó Granados. Según este diputado, la mayoría de los litigantes a los que el juez no les diera la razón argumentarían que éste había sido injusto, e inmediatamente le interpondrían una querella criminal, por lo que es necesario el antejuicio para comprobar si hay pruebas objetivas antes de seguir con la causa para tal querella.