La policía, todavía

LA FOTOGRAFÍA de unos policías realizando un encierro voluntario en un cuartel como medida de presión en favor de determinadas reivindicaciones profesionales no va a contribuir a mejorar la imagen pública proyectada por los cuerpos de seguridad. Especialmente cuando la fotografía que reproduce la escena -en Basauri, en Zamora, en Barcelona o en San Sebastián- se acompaña con declaraciones en las que los agentes manifiestan, por ejemplo, que no quieren ser enviados al País Vasco porque tienen miedo. O que se les encargan misiones, como la de custodiar traslados de presos, que no son de su específica incumbencia. Con mayor motivo si tales escenas aparecen junto a noticias que dan cuenta, por ejemplo, de la detención de unos agentes acusados de realizar contrabando de tabaco, asaltar un establecimento comercial en Irún o colocar una bomba en un supermercado de Oyarzun al que habían tratado de extorsionar para, al parecer, pagar deudas de juego.La policía no tiene en España buena imagen, y negarlo de manera voluntarista no contribuirá a mejorarla. Sin duda influyen en ello razones de tipo histórico, en particular la destacada participación en la represión de los demócratas que tuvieron durante el pasado régimen las antiguas Fuerzas de Oeden Público (FOP), por más que la mayoría de los actuales miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad se hayan incorporado al servicio con posterioridad a la instauración de la democracia en nuestro país. Pero también influyen en esa mala imagen comportamientos actuales que demuestran la pervivencia de restos de la tradición de arbitrariedad, corrupción e impericia que la caracterizaron durante tantos años. En países como el Reino Unido, los policías gozan de una estimación social que se manifiesta de múltiples formas en la vida cotidiana. Es evidente que una tradición de vinculación democrática no puede improvisarse en una década. Pero se hace preciso reconocer que si el retraso acumulado no se ha colmado, ello se debe, en parte al menos, al escaso celo puesto por los propio, policías a la hora de acreditar una imagen diferente en sus relaciones con la población civil.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se enfrentan en España a tareas muy complicadas, empezando por la de combatir el terrorismo, en la que cuentan con la comprensión y solidaridad de los ciudadanos. Pero basta tener que acudir a una comisaría con la intención de presentar una denuncia por un robo cualquiera para que esa voluntad vacile. Todavía sigue siendo lo habitual recibir el trato que se dispensa a las visitas inoportunas.

La reforma policial ha avanzado en diversos terrenos, pero no ha conseguido todavía la plena asunción por parte de las fuerzas de seguridad de los valores consagrados por la Constitución: El reconocimiento de la libertad de sindicación de los policías, en la medida en que familiarizó a los agentes con los usos y costumbres democráticos, contribuyó más que cientos de exhortaciones a desarrollar en numerosos policías hábitos más próximos a los de la sociedad circundante. Pero la falta de tradición propició un sindicalismo ultimatista, más inclinado al desafío y el plante que a la negociación. Las últimas elecciones sindicales en la policía pusieron de manifiesto una creciente madurez de los nuevos líderes sindicales, pero también la existencia de importantes rémoras. La sociedad atribuye a sus fuerzas de seguridad el monopolio del uso legítimo de la violencia. A cambio les exige la renuncia a ciertos derechos reconocidos a otros ciudadanos. Lo que no resulta admisible es que quienes están encargados de garantizar el orden público en el marco de la ley puedan utilizar esa peculiar posición de depositarios de la fuerza legítima para chantajear a la sociedad con acciones como los recientes encierros para forzar la aceptación de sus reivindicaciones profesionales. Resulta inadmisible que unos agentes a los que se paga con cargo al presupuesto puedan negarse a desempeñar determinadas misiones, como la custodia de edificios o el traslado de presos, cuando así lo exijan las necesidades del momento. Especialmente grave es que miembros de compañías creadas para intervenciones en situaciones conflictivas, y que reciben salarios más elevados por la movilidad a que esa función les obliga, pretendan elegir el lugar de destino. Porque una cosa son eventuales abusos concretos que los mandos puedan realizar, cuyo marco de solución se halla en el Consejo de la policía, en el que están representados los sindicatos policiales, y otra abusar de su posición en la sociedad para tratar de imponer por vía de hecho sus exigencias.