La fiscalía pide que se investigue la muerte de un hombre en un tiroteo con la policía

La fiscalía de la Audiencia de Barcelona ha remitido un oficio a una Sala de lo Penal en el que se requiere la apertura de una investigación sobre la muerte del delincuente José Fernando Gómez Martín en un enfrentamiento con inspectores de policía registrado en 1984. La muerte del delincuente provocó el inicio de unas diligencias por lesiones y su tramitación no se concluyó al adjuntarse, se desconoce por qué razón, a un sumario instruido por un delito de tráfico de drogas contra un policía nacional. En aquel tiroteo, mantenido entre Gómez Martín e inspectores de policía, también resultó herida Montserrat Calatrava que acompañaba al delincuente.El enfrentamiento se produjo en la madrugada del ocho de febrero de 1984 en la avenida de Borbón, de Barcelona, cuando Gómez Martín viajaba en un vehículo. Según el atestado policial, hallado en el citado sumario por drogas, los agentes habían montado un dispositivo de control para detenerle ya que era sospechoso de haber cometido tres atracos a entidades bancarias de Ripollet.

EL informe de la policía explica que Gómez Martín desobedeció la orden de alto y disparó contra los inspectores. En la documentación del caso, que ha permanecido traspapelada durante tres años, también consta la autopsia realizada por el forense. Según ese informe, Gómez Martín fue alcanzado por varias balas y la que le causó la muerte penetró por la espalda y salió por la garganta.

Los inspectores de policía que participaron en aquella operación estaban adscritos a la comisaría de Sant Andreu. Uno de aquellos inspectores, Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles fue condenado en rebeldía por un tribunal francés por intento de secuestro de un presunto etarra.

La Fiscalía de Barcelona requirió la semana pasada a la Sección Tercera de lo Penal que deduzca testimonio de las actuaciones relativas a la. muerte de Gómez Martín, para esclarecer los hechos que rodearon a su fallecimiento. En marzo, un fiscal de la Audiencia estudió el caso y redactó una notificación en la que se pedía la apertura de una investigación pero este trámite judicial no siguió el curso normal, se desconoce por qué razón.

Fuentes de la fiscalía señalaron que el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, había requerido en varias ocasiones información sobre el estado de ese procedimiento sin obtener respuesta de la jefatura de la fiscalía que se hallaba, de forma provisional, en manos del teniente fiscal, Alejandro del Toro, hasta el nombramiento de Carlos Jiménez Villarejo como fiscal jefe.