Seis policias condenados por el homicidio de un joven siguen en activo

Seis policías que fueron condenados por la Audiencia de Tenerife por un delito de homicidio de un joven de 21 años en 1976, al que confundieron con Angel Cabrera, alias el Rubio, continúan hoy día en activo. La sentencia fue firme a finales de 1982, mediante resolución del Tribunal Supremo, y la justicia no consideró extinguidas las responsabilidades de los policías hasta 1986.

Los agentes -cuatro de ellos pertenecientes al extinto Cuerpo Superior de Policía, y los otros dos, a la antigua Policía Armada- han compaginado períodos de actividad con otros de suspensión de funciones. Uno de ellos ha ascendido en este período de tiempo y otro fue escolta de un ex ministro del primer Gobierno socialista, según fuentes policiales. Fuentes del Ministerio del Interior han señalado que todos ellos cumplieron la inhabilitación dictada por los tribunales de justicia.Los policías condenados por homicidio son Juan José Merino Antón, José Antonio del Arco Martín, José María Vicente Toribio, Ángel Dámaso Estrada, Juan Gregorio Valentín Oramas y Miguel Guillermo López García. Juan Merino, de 45 años, fue ascendido a subcomisario en febrero de 1981. El inspector José Antonio del Arco, de 37 años, es actualmente jefe de contravigilancia en la unidad de protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y está destinado en Madrid. Vicente Toribio, inspector, de 37 años, está adscrito a la Comisaría Provincial de Zamora.

El inspector Angel Estrada de 41 años, está destinado en Madrid. Todos ellos aparecen en el escalafón policial en el puesto que les corresponde por antigüedad, y no más atrás, como sería más propio en el caso de suspensión de funciones. En esta situación, además, no se puede ascender de categoría, según fuentes policiales consultadas por este periódico.

Estos agentes fueron condenados el 15 de febrero de 1982, por la Sala Penal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, como "autores de un delito de homicidio con la concurrencia de la circunstancia eximente incompleta del cumplimiento del deber". La Audiencia les impuso una pena de "dos años de prisión y suspensión de todo cargo público, profesión u oficio", así como a una indemnización de cuatro millones de pe setas a los herederos del muerto La defensa de la familia del muerto, representada por el letrado Antonio Daroca, había pedido 12 años de prisión y de inhabilitación profesional a los agentes juzgados.

Los sucesos juzgados por la Audiencia de Tenerife hacen mención a un suceso ocurrido en la barriada de Somosierra de esta ciudad en la madrugada del 22 de septiembre de 1976. Desde meses antes, la policía buscaba a Ángel Cabrera Batista, alias el Rubio, a quien acusaba del secuestro del conocido industrial canario Eufemiano Fuentes.

Esa madrugada, seis policías se dirigieron al domicilio de una joven llamada Antonia Lorenzo, ya que existían informaciones de que el Rubio podía encontrarse escondido allí. Según esas informaciones, Ángel Cabrera mantenía una relación de amistad con Antonia Lorenzo.

30 impactos de bala

La acción policial fue una operación conjunta de las brigadas Social y de Investigación Criminal, así como de la Policía Armada. El operativo montado por los agentes ha sido calificado de "nefasto" por fuentes policiales. Los seis agentes se apostaron, de dos en dos, en los rellanos de la escalera y en el de la puerta del domicilio de Antonia Lorenzo. En aquel momento se encontraba en casa de Antonia su primo Bartolomé García Lorenzo, un estudiante de 21 años, quien abrió la puerta y vio a unas personas armadas. Bartolomé García cerró la puerta y en ese momento los policías hicieron fuego. En el domicilio no se encontraba el Rubio.Más de 30 impactos de bala recibió la puerta del domicilio y cuatro dieron de llenó en el cuerpo del joven Bartolomé García. Un día después, y pese a ser intervenido quirúrgicamente, Bartolomé García falleció. El parte médico indicó que recibió cuatro impactos de bala: "una, en el brazo; otra, en la arteria humeral, y dos, en el vientre, que le afectaron al hipocondrio, con desgarro del lóbulo del hígado como ascendente y transverso, con estallidos múltiples en la región rectoperitoneal, así como en la región epigástrica superior izquierda, que determinaron su fallecimiento". Desde el 2 de junio de 1976, el tabaquero Eufemiano Fuentes faltaba de su domicilio, y la policía acusaba a Ángel Cabrera de su secuestro. El enorme despliegue policial encaminado a resolver este asunto fue un completo fracaso: nunca aparecieron ni Eufemiano Fuentes -un cadáver se encontró, aunque nunca se pudo comprobar que era el del industrial- ni el Rubio.

Además, la acción policial se saldó con una muerte por error, la del joven Bartolomé, en septiembre de 1976. Un mes más tarde era un policía llamado Manuel Rey Mouriño el que caía muerto a balazos en uno de los intentos de detener a el Rubio. El caso se cerró con la condena a ocho y seis años de cárcel, respectivamente, al padre y a un hermano de Angel Cabrera por colaborar con éste. Asimismo, el Tribunal Supremo condenó a seis años y un día de inhabilitación a otro policía por estupro y violación de una hermana de el Rubio.

Los seis agentes que ocasionaron la muerte del joven Bartolomé García fueron procesados el 16 de octubre y separados de sus funciones. Al existir en aquel entonces el precepto del fuero policial, en virtud del cual los agentes no cumplían la prisión preventiva en cárceles, sino en dependencias policiales, los cuatro policías del extinto Cuerpo Superior quedaron internados en la comisaría de Santa Cruz de Tenerife, y los dos de la Policía Armada, en su cuartel.

Cuatro días más tarde, los agentes fueron trasladados a Madrid, y en el aeropuerto fueron recibidos por dos centenares de policías que mostraron así su solidaridad con los procesados. En los días posteriores al homicidio se sucedieron importantes manifestaciones en Santa Cruz de Tenerife en repulsa por la actuación policial que ocasionó la muerte del joven estudiante Bartolomé García.

Extinción de responsabilidad

En febrero de 1982, la Audiencia de Tenerife condenó a los agentes y el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia a finales de ese año.Fuentes policiales señalaron que el inspector José Antonio del Arco pasó destinado al servicio de escolta de Ernest Lluch cuando éste accedió, en diciembre de 1982, al Ministerio de Sanidad. Del Arco permaneció en este puesto hasta el abandono de Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, en julio de 1986, según estas fuentes.

El 28 de enero de 1986, la Audiencia de Tenerife, mediante un auto, declaró extinguidas las responsabilidades de los agentes en el homicidio de Bartolomé García.