Administración de justicia y democracia: ¿un poder del Estado?

España ha realizado un esfuerzo notable en los últimos nueve años para democratizar sus instituciones fundamentales, pero ello, en opinión del autor, no ha alcanzado a la Administración de justicia, que, afirma, "sigue sin ser un poder del Estado". Las reformas introducidas han dado la apariencia de un poder que, en muchas ocasiones, se manifiesta como irresponsable.

En el último tiempo es usual que el ciudadano español lea u oiga noticias como las siguientes: magistrado involucrado con la mafia italiana, juez dedicado a la persecución de prostitutas, juez ordena la detención de nudistas, juez deja en libertad a terrorista de ultraderecha que aprovecha la ocasión para escapar, juez en relación con narcotraficantes, juez ordena la detención de abogado por desacato. Y se podría seguir dando innumerables ejemplos parecidos.A pesar de que cada uno de estos actos tiene una naturaleza diferente y, por ello, permitirían un análisis y discusión diferenciados, todos ellos poseen en común el poner la Administración de justicia bajo el control de los ciudadanos. Algo ciertamente desconocido en la época de la dictadura -y en cualquier sistema autoritario-, aunque se diesen estos mismos hechos y otros mucho más graves aún. Los medios de comunicación de masas han cumplido en su transmisión al público una función básica, lo cual tampoco en otra época podían hacer.

Lo importante a destacar en esta situación es que estos hechos, más allá de la desaprobación que puedan merecer, traen consigo que el ciudadano, a través de estas informaciones, adquiere el sentimiento de la irresponsabilidad de jueces y magistrados y, en definitiva, el convencimiento de que la Administración de justicia no logra adecuarse al sistema democrático surgido con la Constitución de 1978.

España en su conjunto- ha realizado un esfuerzo notable en los últimos nueve años, tanto para modernizar sus instituciones como también para democratizarlas. En general, el balance es positivo, salvo en el sistema de Administración de justicia -incluyendo en él a la policía- Y ello, a pesar de que se han introducido reformas fundamentales, como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente, ello no basta.

La Administración de justicia representa -un poder del Estado -por eso se habla de Consejo General del Poder Judicial-; pero el poder en un Estado democrático emana de los ciudadanos y, por tanto, tal hecho ha de quedar claramente establecido .mediante las formas de elección de sus miembros, de su responsabilidad frente al pueblo y del control de sus actos por parte de éste. De otro modo, el poder judicial no pasa de ser Administración de justicia, esto es, una parte del aparato administrativo del Gobierno, cualquiera que éste sea.

Lo que, por desgracia, ha sucedido en muchos Estados democráticos, y por eso las dictaduras no han necesitado cambiar un ápice de la Administración de justicia y los mismos jueces y magistrados han ejercido bajo un Gobierno democrático y uno dictatorial.Policía judicial y jurados

La Administración de justicia espAñola sigue sin ser un poder del Estado, ni siquiera se ha logrado para su consecución, a pesar de todas las declaraciones de buena intención, una auténtica policía judicial o la introducción del sistema de jurados.

Pero aún más grave que esto, las reformas introducidas han dado la apariencia de poder; pero entonces, de un poder irresponsable, pues no está sujeto al control de la ciudadanía, sino sólo al de sus pares. Y éstos, por la fuerza de las cosas, están envueltos en una maraña de intereses comunes que imposibilitan todo control y todo juicio de responsabilidad.

En este contexto, no es de extrañar que aparezca la característica de arbitrariedad en elquehacer jurídico cotidiano de los miembros de la Administración de justicia. Pero no sólo eso, sino que, además, es normal que surja una confusión, como en el antiguo régimen, entre los intereses y convicciones personales de cada uno de ellos con los objetivos que ha de perseguir la Administración de justicia. Se identifica persona con poder'político y se pone éste al servicio de los intereses y convicciones personales. No es sorprendente, entonces, que un juez o magistrado crea que el aparato de la justicia está para imponer en la sociedad sus propias convicciones morales y se convierta en un cruzado en contra de nudistas y prostitutas. Y tampoco es extraño que un juez o magistrado estime que la maquinaria de la justicia está también para llenar sus arcas vacías.

Evidentemente, muchos de los defectos actuales de la Administración de justicia se pueden salvar mediante su modernización. No se puede negar, y por el contrario, que se requiere de una urgente reforma de la legislación procesal, en especial la criminal, con el objeto de lograr una aceleración de los procesos y una mayor inmediatez con el ciudadano -en lo cual hay que considerar también una efectiva gratuidad para quien no disponga de los medios econórnicos- En esta misma dirección se requiere un aumento del número de jueces, la informatización del sistema judicial, una mejor formación de sus miembros y una serie de otras medidas semejantes.

Con todo ello, ciertamente, se mejorará la Administración de justicia, pero no se democratizará ni se convertirá en un poder del Estado. A lo más, pasará a ser un buen servicio de un Gobierno democrático.