Dos meses de juicio de la colza sólo han dado tiempo a que declare, la mitad de los acusados
JOSÉ YOLDI Se cumplen hoy dos meses desde que el 30 de marzo comenzó el juicio de la colza en el auditorio del Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid, y parece evidente que las previsiones iniciales de que el juicio tendría una duración de cinco meses han quedado completamente superadas, ya que después de 25 sesiones únicamente se ha interrogado a la mitad de los procesados. El tribunal tuvo que retrasar sobre la marcha la fecha prevista para el inicio de las declaraciones de los 2.500 testigos que han sido propuestos, pero muy probablemente deberá hacer un nuevo reajuste.
Las declaraciones de los 19 acusados que han sido interrogados hasta ahora, más la media docena de careos celebrados entre ellos, han aportado escasas novedades a lo que ya contenía el sumario. Los principales acusados intentarán demostrar que el aceite de colza adulterado no fue la causa del síndrome tóxico, o, cuando menos, sembrar la duda de que pudo tener otro origen. Por el momento, ni los acusados ni sus defensas han aportado nuevas pruebas sobre el causante, aunque han apuntado a un agente de guerra química supuestamente experimentado en Almería para después ser utilizado en el conflicto Irán-Irak.
Las reuniones mantenidas entre los abogados para acelerar la vista no han dado resultados positivos. Hubo propósitos y buenas palabras, pero ningún acuerdo concreto, y la presencia de los medios de comunicación, en algunos casos, ha servido de plataforma para el intento de lucimiento personal.
Incluso el tribunal adoptó la decisión de cortar la intervención de los letrados para evitar las repeticiones de preguntas, y lo llevó a efecto con cierto rigor los primeros días. En otro acuerdo, los magistrados anunciaron que, debido a la lentitud del proceso, iban a prolongar los horarios y ampliar el número de jornadas si fuera necesario. Este anuncio es de difícil cumplimiento, ya que el equipo de transcripción trabaja a marchas forzadas para tener listas las actas de las sesiones cada semana, y, por otra parte, los funcionarios de la oficina judicial, que vienen trabajando numerosas horas extraordinarias, no han percibido aumentos en sus retribuciones ordinarias, y no son proclives a nuevos trabajos sin compensación.
En las 12 sesiones que restan hasta el 29 de junio, en que deberá empezar la prueba pericial, han de ser interrogados los 19 acusados que faltan, que son los menos importantes, por lo que en principio parece factible cumplir ese propósito.
De continuar a este ritmo, con las declaraciones de los peritos, tanto extranjeros como españoles, y tras el período vacacional de agosto, no se ve claro cuándo podrían empezar a declarar los 2.500 testigos, propuestos en su mayoría por las defensas. Ningún observador jurídico se atreve a pronosticar cuándo puede acabar el juicio.
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