Los milagros del IPC

Cuando a usted le dicen que los precios han subido un 5%, sólo le cuentan una parte de la verdad. Quizá el índice de precios al consumo (IPC) no coincida con la sensación de su bolsillo: aparte de que el IPC es una forma de medir la realidad por aproximación, hay otros 39 millones de consumidores. Pero también ocurre que este índice, convertido en becerro de oro por arte de la política económica, se basa en un gran equívoco. Sus datos nunca se refieren a lo ocurrido en todo el año. Ésta es la explicación de que el Gobierno insista tanto en que vamos a terminar 1987 en el 5%, mientras varias organizaciones internacionales auguran que el conjunto de los consumidores pagaremos aumentos de precios del 6% o el 6,2%. Ambas cosas podrían suceder. He aquí los milagros del IPC.

Pongamos un ejemplo. Si usted paga subidas de precios del 11% a lo largo de los 11 primeros meses de un año, y en diciembre bajan un 10%, seguramente no echará cuentas diciendo que ha tenido una inflación del 1%. Si no hubiera otros 39 millones de consumidores, su IPC marcaría al terminar diciembre una subida próxima al 1%. Pero su bolsillo habría tenido que soportar durante el año una carestía cercana al 10%, pues la bajada de sólo un mes apenas le devolverá la doceava parte de las subidas sufridas en los 11 anteriores.Por estas diferencias, el consumidor medio español ha perdido desde 1982 un 4% más de lo que suelen reflejar los índices oficiales de finales de año, incluso si se admite la precisión técnica de éstos. Y 1987 lleva camino de ofrecernos algo más de lo mismo. Nada menos que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), después de oír de boca del Gobierno español el objetivo del 5%, vaticinó hace varios meses que los consumidores españoles pagarían este año una subida media del 6,2%. Los propios servicios de la Comunidad Europea (CE) acaban de señalar que tendremos en 1987 una inflación del 6%.

El equivoco del billón

Antes caricaturizamos la divergencia entre una y otra forma de medir las subidas de precios, porque los porcentajes no admiten sumas ni restas aritméticas. Pero el ejemplo únicamente pretende subrayar algo que, a fuerza de evidente, suele originar numerosos equívocos en una cuestión nada baladí. Baste señalar al respecto, que el citado 4% acumulado en los cinco últimos años, al que podría sumarse otro punto durante el presente ejercicio, equivalió a un billón y cuarto de pesetas de 1986. Esta cantidad, que bien podría expresar la diferencia entre los índices al uso y las subidas pagadas por todos los consumidores, es similar a toda la recaudación del IVA.Sucede que el IPC utilizado como indicador oficial de la inflación se limita a medir lo que suben o bajan los precios de un mes a otro, en el caso que nos ocupa entre diciembre de un año y diciembre del siguiente. En cambio, el consumo, el ahorro o la inversión, lo mismo que las rentas de las que proceden -salarios, beneficios, impuestos, etcétera- se realizan o se generan a lo largo de todo el año.

Por tanto, el IPC acumulado a lo largo de un año, si no sufre manipulaciones en su fase de elaboración o por la vía de modificar artificialmente los precios que más ponderan dentro del mismo, puede medir por aproximación las tendencias de los precios al consumo. Es como una fotografía que compara dos momentos de los precios. Pero algo bien distinto es que sirva bien de árbitro entre quienes se disputan la renta durante los 365 días del año.

De hecho, en los balances de los economistas, el dato utilizado a la hora de analizar lo sucedido o lo previsto en materia de rentas suelen ser, no las subidas entre sólo dos momentos dados, sino los aumentos medios de precios registrados durante todo el año. Su técnica más socorrida consiste en sumar la tasa de inflación observada por el IPC en cada uno de los meses (subida del IPC durante los 12 últimos meses), para luego dividir por 12.

Por esta cuenta, el año pasado no registró una subida media de precios del 8,2%, dato correspondiente a la subida del IPC entre diciembre último y el anterior, sino del 8,9%. Como puede verse en el gráfico adjunto, las diferencias entre los índices de precios publicados durante los cinco últimos años y la inflación media anual que se deriva de estos mismos índices ascienden al ya citado 4%. Si en 1987 se repite este fenómeno con la amplitud que cabe deducir del objetivo de IPC del Gobierno y de la estimación anual de la OCDE, la brecha aumentará hasta el 5,2%. En otras palabras: por cada 1.000 pesetas de nuestro bolsillo, la inflación nos habrá comido desde 1982 unas 52 pesetas más de lo que nos dice el IPC utilizado.

Nada de neutralidad

Una de las principales implicaciones de esta divergencia ha sido que los convenios con cláusulas de garantía salarial se revisan, no en función de toda la erosión real del poder adquisitivo durante el año, sino sólo para compensar la sufrída entre un mes (diciembre de 1985 y otro (diciembre de 1986), con independencia de lo que ocurriera en los 11 restantes. Y entre éstos siempre hay algunos en que la tasa de inflación se dispara. Y aunque luego baje en los siguientes, lo pagado, pagado está.Queda así apuntado que elegir uno u otro indicador de la inflación no resulta neutral. Al fin y al cabo, los precios suben porque alguno o varios de los agentes económicos (trabajo, capital y Estado, caso de que no varíe la relación real de intercambio con el exterior) aprovecha su situación de poder o de fuerza para mejorar su correspondiente nivel de rentas. La consecuencia es siempre el sacrificio inmediato de las rentas percibidas por otro u otros agentes. ¿Quiénes?. Los que tienen fijadas de antemano sus ingresos y deben esperar al año siguiente para recuperarse (trabajadores, parados con subsidio, pensionistas). Las empresas y el Estado disponen de todo el año para ajustar sus rentas a la inflación, por la vía de los precios de sus productos o por los impuestos. Cuanto menos competencia encuentren, mejor.

Así, las diferencias entre el IPC oficial y la inflación pagada por los consumidores han sido la regia, hasta el punto de convertirse en uno de los pilares fácticos de la política económica. En 1984 llegaron a suponer 2,3 puntos. Ése fue el año de mayor ajuste, eufemismo que suele encubrir la transferencia de rentas desde el trabajo al capital (beneficios, amortizaciones, intereses, alquileres, etcétera), cuando no al Estado o al exterior.

Lógicamente, mientras el IPC tienda a bajar, su incremento medio durante todo un año será superior al que resulte en diciembre respecto a 12 meses antes. El problema es que, en España, tales diferencias resultan agrandadas, principalmente por tres factores: la erraticidad de los precios agrarios, los efectos de la política monetaria y las decisiones de subir y bajar los precios controlados por el Gobierno según convenga en cada momento. Un economista sesudo añadiría que eso nos pasa por lo difícil que resulta cambiar la etructura productiva heredada del desarrollismo: control de costes salariales, financiación barata y abundante, impuestos regresivos y mercado reservado de la competencia.

El impacto de los precios agrarios resulta más notorio. Suben mucho unos meses, sobre todo cuando vienen los turistas o cuando hay mala cosecha, para luego bajar después.

En la política monetaria también ha solido haber gran estacionalidad. La cantidad de dinero se dispara en los primeros meses del año o en verano, de forma que presiona al alza los precios varios meses después. Pero las medidas dirigidas a reducir su expansión lucen su eventual eficacia hacia final de año.

La utilización de los precios controlados para frenar el IPC a final de año, y en especial de los que mejor pueden hacerlo -las gasolinas y derivados del petróleo-, es suficientemente conocida. En los dos últimos años bajaron en diciembre, para que restaran varias décimas al IPC final. Pero los consumidores habíamos pagado precios mayores en los 11 meses anteriores.