La bonanza del 'canuto'

Ginés Pitaluga, Juan Pla, Patricio Gómez y Rafael Nieto han fundado y legalizado la Asociación de Consumidores de Derivados del Cannabis (ACDC). Desde 1983 está despenalizado el consumo del popular canuto, pero no legalizado, lo que ha creado una situación ambigua y resbaladiza, en la que todo depende del talante del policía que te vea o del juez que te juzgue. En un salto adelante, la ACDC quiere velar por la calidad del producto y por su venta en los comercios. Sin embargo, el Gobierno español ratificó el protocolo de la ONU sobre sustancias estupefacientes, entre las que se incluyen las derivadas del cannabis.

Los cuatro fundadores de la ACDC pretenden la legalización plena del hachís y su venta por los canales comerciales habituales. ACDC quiere conseguir un control de calidad del artículo que se expende al consumidor, algo así como una denominación de origen.Un kilo de chocolate puede comprarse por entre 200.000 y 250.000 pesetas, según calidad, pero adquirido al por menor sube su precio y baja su calidad. Por mil pesetas -un talego- no puede comprarse otra cosa que dos gramos de algo que es chocolate marroquí sólo en parte.

A diferencia con esa droga blanda, un gramo de droga dura como la heroína sale por unas 20.000 pesetas; pero comprado en esas o aún más pequeñas cantidades -una dosis-, el caballo está muy adulterado con lactosa, sacarosa, talco, azúcar e incluso estricnina. La mayoría de la heroína entra en Madrid kilo a kilo, traída por medianos traficantes que la adquieren en Tailandia, Oriente Próximo o Anisterdam. El caviar de los estupefacientes, la cocaína o perico, producida en la región andina, cuesta alrededor de las 15.000 pesetas el gramo.

"Diversificar la oferta con las diferentes especies -hachís libanés, afgano, marroquí, incluso de producción nacional-, permitiría, dedicar todas las energías sociales y policiales a la lucha contra las drogas realmente peligrosas para las personas y la sociedad, leáse heroína", dicen los miembros de la recién legalizada asociación.

"Los beneficios para el Estado derivados de la venta de hachís, muchos miles de millones de pesetas anuales, podrían destinarse a ayudar a los hermanos airados de los tranquilosfumetas, los heroinórnanos". Según ACDC existen en España 1.800.000 consumidores de canutos.

El consumo de drogas blandas fue despenalizado el 17 de julio de 1983, pero comenzó una época de confusión que aún persiste, y que es fuente de paranoia constante para los consumidores de hachís, ofumetas, apelativo de los más jóvenes hacia los que sólo fuman hachís.

Cigarrillos de la risa

A la confusión legal se une la creciente adulteración del producto. Los más antiguos se han retirado del vicio porque les atonta la cabeza. Los que han rebasado la barrera de los treinta tratan de disimular su adicción saliendo de casa con los pitillos preparados y camuflados en el paquete de rubio. Encontrar un papelillo en cualquier garito de la ciudad en el que se reúnen jóvenes con crestas, tupés y pulseras claveteadas es casi imposible. Los más jóvenes ven a esos carrozas, como grandes dínosaurios que se ven desbordados por la velocidad del whisky con anfetas, la coca o el caballo.Los promotores de la asociación reprochan a las fuerzas sociales de izquierda "su política de boquilla". La derecha siempre ha considerado el hachís como el primer paso de la drogadicción.

En la oposición, Juventudes Socialistas, Comunistas, de UCD, PSOE y PCE se mostraron a favor de la legalización -y no sólo de la despenaliz ación-, de las denominadas drogas blandas. Ginés Pitaluga recuerda que el Ayuntamiento de Madrid debatió una vez en pleno, en 1979, la legalización del popular canuto. Pocos días más tarde, el alcalde Enrique Tierno Galván aludía a la peligrosidad del porro.

La izquierda, a medida que ha ido tomando el poder, ha escamoteado un debate público sobre la legalización del canuto. Por eso la asociación naciente ha enviado su programa a los partidos políticos para que se definan, sobretodo ahora que estamos en época preelectoral".Para la policía, las cosas están muy claras. España ratificó el protocolo de la ONU de 1972 so bre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en las que está in cluido el hachís, por lo que es una sustancia ¡legal a perseguir -la simple despenaaación del consumo ya provocó protestas internacionales-.Para nosotros, afirmó Pedro Rodríguez Nicolás, comisario ge neral de Policía Judicial, existe la droga, sin distinción de duras o blandas. "El hachís es una sustancia prohibida internacionalmente y no se puede comercializar", aseguró Rodríguez Nicolás."La tendencia, en este sentido, no es la de rebajar las leyes, sino endurecerlas".

Rodríguez Nicolás considera una falacia la idea de que los beneficios conseguidos con el comercio sirvan para desintoxicar a los enganchados por droga dura: "La situación sería la misma del tabaco. Al Estado le cuesta más dinero curar las enfermedades producidas por el consumo del tabaco que los beneficios que obtiene por su venta".El detenido con hachís pasa, por tanto, a disposición judicial, y es el juez quien determina qué es consumo o qué es tráfico. Sinembargo, otro día cualquiera, el 13 febrero de 1984, por ejemplo, la Policía Nacional obligó a la Guardia Urbana de Hospitalet a devolver el hachís incautado a tres ciudadanos.

En manos de los jueces

La valoración personal de los jueces, en cuyas manos el Gobierno dejó la patata caliente, es otro factor de intranquilidad. La Audiencia Provincial de Granada consideré en julio de 1983 que la posesión de 431 gramos de hachís podía considerarse de consumo propio. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin embargo, consideró que la invitación mutua de dos amigos para fumarse unos porros excedía el autoconsumo. Los dos amigos fueron condenados a un año de prisión menor.Un funcionario del Laboratorio Municipal afirmó que el hachís está declarado como sustancia estupefaciente, por lo que ellos no pueden hacer análisis. La sección de toxicología, que es la que se encarga de este tipo de productos, sólo informa de si las muestras presentadas son derivados del Cannabis o no, pero no de su grado de pureza.

La vía para reclamar al vendedor está cerrada. Una asociación de consumidores legalmente constituida debería tener derecho a conocer la calidad del artículo. Casi dos millones de españoles sabrían valorar una buena cosecha.