El desbarajuste español en Bruselas

El principal objetivo de Marín, que al haber sido nombrado vicepresidente del Ejecutivo europeo debería teóricamente despreocuparse del seguimiento de los asuntos españoles, es que España desempeñe un "papel digno" cuando en el primer semestre de 1989 le corresponda la ardua tarea de presidir por primera vez el Consejo de Ministros de la CE, una labor a la que Portugal renunció el año pasado por no considerarse preparada.Diecisiete meses después de la adhesión a la Europa comunitaria, el olvido de comunicar a la representación en Bruselas instrucciones sobre la postura a defender en determinados comités, o, al contrario, el envío de órdenes discrepantes sobre un mismo tema por dos ministerios diferentes, e incluso la exposición en un mismo grupo de trabajo de puntos de vista contradictorios por funcionarios españoles de dos departamentos forman parte de la rutina.

La semana pasada, un alto funcionario de lo que se ha convertido en la mayor embajada de España, que pidió permanecer en el anonimato, estimaba, por ejemplo, en un 30% los asuntos pendientes para los que "no se reciben órdenes de Madrid". "Aunque el porcentaje tiende a disminuir con el tiempo", proseguía, "entre los temas olvidados por la Administración central figuran aún algunos de gran envergadura, sobre los que nos tenemos que inventar aquí la actitud a adoptar en la mesa negociadora".

Ocurre también que un ministerio transmita simultáneamente sus instrucciones a la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CE, que las modifica antes de remitirlas a Bruselas, y directamente a sus funcionarios destacados en la representación. De ahí que estos últimos reciban dos posturas negociadoras: una a través del embajador y otra de su departamento ministerial.

Carlos Romero

En opinión de varias fuentes consultadas, el titular de Agricultura, Carlos Romero, es, sin lugar a dudas, el ministro más díscolo a la hora de coordinarse. A través de su colaborador Vicente Albero, el ministro expuso en la última reunión de los responsables de la Europa verde, celebrada en Luxemburgo a principios de la semana pasada, una posición sobre el proyecto de tasa sobre aceites vegetales que desconcertó a los núembros de su propia delegación y que, por supuesto, desconocían otros sectores de la administración española.Para mantenerse al corriente de las iniciativas de Romero, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha encontrado mejor solución que destacar a uno de sus diplomáticos, que sus compañeros han apodado el espía, en el equipo de cuatro funcionarios agrícolas de la representación.

Si en Madrid los ministerios prescinden con frecuencia del cauce de la Secretaría, la coordinación en Bruselas es prácticamente inexistente. Desde la incorporación de España se han celebrado sólo dos reuniones de todos los consejeros de la representacíón, cuando -recuerda un veterano- en tiempos de la misión -hasta diciembre de 1985- se convocaban tres a la semana. "Muchas veces", lamenta un funcionario recién llegado, "nos enteramos por la Prensa de lo que hace nuestro compañero del despacho de al lado, aunque su labor pueda repercutir sobre la nuestra".

Ni siquiera los funcionarios de varios ministerios que representan a España en un mismo foro suelen preparar conjuntamente la postura que defenderán. Algunos comunitarios recuerdan divertidos cómo, por ejemplo, en el comité de gestión de cereales o en el grupo de trabajo agrimonetario los expertos españoles de Comercio y Agricultura se han arrancado el micrófono o han aprovechado la ausencia mo mentánea de su colega, que fue al servicio, para llevarle la contraria en público.

A los problemas inherentes a la representación se añaden los exportados desde la Península, cuando algunos funcionarios de Madrid omiten acudir en la capital belga a determinadas reuniones, dejando vacía la silla que corresponde a España, o cuando, al contrario, la ocupan pero abandonan Bruselas sin informar previamente de lo tratado al embajador ante la CE, Carlos Westendorp, o a sus colaboradores.

"Con su huída", señala un miembro del entorno del jefe de misión español, "pretenden disimular información a ministerios supuestamente rivales". Para paliar el problema, Westendorp ha comentado a veces en privado, medio en broma medio en serio, que sería conveniente que los funcionarios que viajan a Bruselas en comisión de servicios cobren sus dietas en la representación, después de haber redactado su correspondiente informe con una copia para el embajador.

Preguntado a finales del pasado mes de enero sobre esta desconexión que padece la Administración, Fernández Ordóñez reconoció la existencia de "disfunciones" pero hizo hincapié en que "el problema nunca ha surgido a nivel de Consejo de Mínistros", donde más puede perjudicar a España. "En los más de 1.000 comités de la CE, que mantienen hasta 20 reuniones diarias", añadió, "se ha funcíonado generalmente de forma razonable, con tendencia a la mejora".

Funcionarios para todo

Acaso el ejemplo más palpable de las rivalidades en el seno de la Administración sea el crecimiento desmesurado de la representación permanente ante la CE, donde cada ministerio intenta contar con el mayor número de funcionarios, esté o no justificado su envío a Bruselas. Comercio, por ejemplo, cuenta aquí con un especialista exclusivamente dedicado a textiles."Esta carrera de despropósitos", como la describe un experto español, explica que el personal con status diplomático adscríto a la representación esté a punto de alcanzar, cuando se produzcan las tres nuevas incorporaciones previstas, los 39 funcionarios, una cifra sólo superada por la embajada ante la Comunidad del Reino Unido, el país, que cuenta en Europa con el mayor número de funcionarios en relación a su población.

Entre los británicos, los secretarios de embajada son, sin embargo, más numerosos que los consejeros, mientras que entre los españoles los funcionarios, pertenecientes a esta categoría superior constituyen la mayoría. Con sus 117 personas, incluido el personal administrativo y subalterno, la representación española parece desproporcionada con el peso específico de España en la CE.

A una pregunta sobre esta plétora de efectivos, el jefe de la diplomacia española respondió que "España es un gran país periférico, que tiene en la Comunidad intereses casi tan diversos por defender como Francia o Alemania Federal, pero desde cuya capital no es tan fácil desplazarse a Bruselas como desde París o Bonn, situadas a menos de tres horas por carretera".

"La réplica de Fernández Ordóñez sería válida", contesta un alto funcionario español que ha optado por trabajar para la Comisión, "sí el Gobierno al que pertenece hubiese decidido hacer recaer el grueso de su labor comunitaria sobre su representación en Bruselas y, en consecuencia, redujese drásticamente los viajes de funcionarios desde Madrid". "Pero", prosigue, "los vuelos Madrid-Bruselas, se están convirtiendo en un segundo puente-aéreo".

Al abandonar la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CE para incorporarse a la Comisión, Marín y sus colaboradores en Madrid y Bruselas elaboraron un informe en el que preconizaban aumentar los efectivos de la misión hasta situarlos en torno a las 80 personas, un 45% menos de las actuales, y equiparar sus sueldos con los de los altos funcionarios de la Comunidad, a los que ahora superan económicamente con creces.

El crecimiento desmesurado de la representación va a dar al traste con un proyecto que en su día fue presentado por el portavoz del Gobierno en Madrid como un modelo de la racionalización de la presencia de Española en el extranjero: la concentración de todas las dependencias diplomáticas españolas en Bruselas -excepto la delegación ante la OTAN, que, por motivos de seguridad, no puede salir del recinto atlántico- en un solo edificio, propiedad del Estado español, actualmente en construcción en el centro de la ciudad.

Proyectado en base a los metros cuadrados solicitados hace un par de años por cada embajador, el edificio, cuyo coste supera los 2.000 millones de pesetas, ha resultado pequeño antes incluso de ser acabado. A medida que la representación necesita más espacio, la embajada ante el reino de Bélgica y las agregadurías laboral y comercial (las dos últimas pagan un elevado alquiler) han tenido que desistir de su propósito de mudarse. Sólo el consulado y eventualmente la agregaduría militar se trasladarán a la nueva sede.

Carlos Westendorp

Casi nadie achaca a Westendorp, no obstante, la responsabilidad del desorden que prevalece en las relaciones con la CE. "Bastante tiene que hacer", afirma uno de sus íntimos colaboradores, "con esforzarse por moderar la competición entre ministerios por situar a sus hombres en Bruselas y con intentar imponerse a los que ya han colocado y que se sienten a veces imbuidos de toda la autoridad de sus respectivos ministros".No en balde Westendorp ha puesto muy a la vista sobre su mesa de trabajo una fotocopia del Decreto 3.946, de febrero de 1986, por el que se crea la representación y en el que se definen sus poderes y que en más de una ocasión se ha visto obligado a recordar a sus subordinados.

En la discusión que Marín mantuvo en marzo en su despacho bruselense con Fernández Ordóñez, el vicepresidente de la Comisión Europea reprochó al ministro haberse desentendido de los asuntos comunitarios, hasta el punto de ignorar casi todo de los temas abordados en los Consejos ministeriales, y no desempeñar el papel de coordinador, y en última instancia de árbitro, que corresponde a Asuntos Exteriores para evitar disfunciones en las relaciones con la CE.

El vicepresidente de la Comisión, según fuentes solventes, ha puesto en cuestión cómo un ministro que no se esfuerza por aunar puntos de vista entre los miembros de un mismo Gobierno podrá coordinar a sus doce homólogos cuando le toque presidir la Comunidad.

Gracias, sin embargo, a un cierto sentido de la improvisación , y a costa de parar o retocar propuestas de directiva o reglamentos en su última etapa, cuando las examinan las más altas instancias de la CE y no en su debido momento, a nivel de grupos de trabajo, las disfunciones de la Administración no han perjudicado seriamente por ahora a los intereses españoles.

En el comité de infraestructura de transportes del último martes de abril", recuerda un funcionario español de la Comisión, "se pasaba revista, como de costumbre, a proyectos presentados por los Estados miembros para los que desearían obtener una financiación comunitaria. Surgió uno concerniente a la red vial vasco-navarra que no había sido incluido por nuestro Ministerio de Transportes, y sus representantes salvaron la cara reconociendo su paternidad para no tener que confesar su sorpresa". "Dudo, sin embargo", añadió, "que los defiendan con ahínco".

"Vamos por buen camino", concluye el joven funcionario, "porque estamos aprendiendo; aunque todavía nos queda un largo trecho por recorrer hasta alcanzar a los italianos, que en la jungla bruselense son unos maestros a la hora de enredar y sacar la mejor tajada".