Las Cortes valencianas piden recursos hidráulicos de los ríos Ebro y Tajo

Las Cortes valencianas aprobaron ayer una proposición no de ley por la que se solicita la constitución definitiva de los órganos de gobierno de las nuevas confederaciones hidrográficas y se piden garantías de suministro de aguas de los ríos Ebro y Tajo al País Valenciano. La decisión se produjo como consecuencia de una proposición del Grupo Popular del Parlamento autónomo, modificada merced a una enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, que fue aprobada por unanimidad. Con ello se pretende salvaguardar los intereses de los regantes del Júcar.Además de urgir a la Administración central para que sean constituidos definitivamente los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas, de acuerdo con lo estipulado en la vigente Ley de Aguas, las Cortes valencianas piden que se aceleren "los trabajos de elaboración de los planes hidrológicos de las respectivas cuencas hidrográficas, así como el Plan Hidrológico nacional, de tal manera que éste, para garantizar la estabilidad hidráulica en la Comunidad Valenciana, incorpore las garantías del suministro de recursos de la cuenca del Tajo y del Ebro".

En la exposición de motivos de la proposición no de ley aprobada ayer por las Cortes valencianas se hace mención a la pretensión del Gobierno central de proponer una declaración de interés para algunos regadíos de la comunidad de Castilla-La Mancha que deberían satisfacer sus necesidades de riego con la aportación de aguas de la cuenca del río Júcar. Estas intenciones de la Administración central han despertado recelo y han creado un ambiente de intranquilidad en las zonas del País Valenciano cuyos regadíos se abastecen de aguas del Júcar, debido a la situación de estricto equilibrio hidráulico en que se encuentran dichas zonas.

También se ponen de relieve en la exposición de motivos las deficiencias hidráulicas del País Valenciano, tanto en el ámbito de la Confederación del Segura como en la del Júcar. Igualmente, señala que el mencionado ambiente de intranquilidad debe superarse lo antes posible con la puesta en marcha de los mecanismos administrativos y jurídicos que la propia Ley de Aguas establece, a fin de garantizar el uso del agua que en el País Valenciano se destina al suministro de la población, a la industria y al regadío.

La proposición inicial presentada por el Grupo Popular del Parlamento autónomo no hacía referencia explícita a los recursos procedentes de los ríos Ebro y Tajo y se limitaba a pedir que el Consell instara al Gobierno de la nación para que no dictara norma alguna por la que pudieran quedar perjudicados los derechos seculares a las aguas del río Júcar por parte de las tierras y poblaciones valencianas y que asegurara la total garantía de tales derechos.