Por quiénes y por qué se 'empañan' las elecciones sindicales

Es demasiado serio lo que está ocurriendo en las elecciones sindicales como para achacárselo "a una simple guerra particular entre sindicatos, en la que parecen haber perdido todo sentido de la responsabilidad, con acusaciones mutuas sobre presuntos fraudes y supuestas falsificaciones".De entrada, el fraude en todas las provincias, en mayor o menor cantidad según los casos, es un hecho probado con sentencias de las magistraturas, con actas notariales, con declaraciones juradas de empresarios y trabajadores. Las falsificaciones ya han motivado que un juez de Gijón dictara auto de procesamiento, con ingreso en prisión, de un agente electoral de UGT.

El secretario general de Comisiones Obreras advirtió de la posibilidad del pucherazo. Advertencia responsable que sólo ignorando intencionadamente dos datos fundamentales se puede tachar de frívola. El primero, que la norma electoral se redactó y se decretó unilateralmente por el Gobierno, con el exclusivo apoyo de UGT. El segundo, la entrega de más de 4.000 millones a UGT una semana antes de las elecciones. Estos dos hechos por sí solos habrían bastado para un escándalo monumental si se hubieran producido ante unas elecciones de cualquier naturaleza, legislativas o municipales. Probablemente hasta se habría contemplado el posible aplazamiento de un proceso electoral precedido de dos arbitrariedades de tamañas proporciones. Las reglas del juego y la asignación de recursos a los partidos políticos tienen rango de ley y hasta con mayorías absolutas se negocian ambas cosas.

Cuando se ha confirmado aquella advertencia, Comisiones Obreras ha propuesto la única solución que puede restituir un mínimo de credibilidad a estas elecciones sindicales: la verificación de las actas, fundamentalmente las que corresponden a las pequeñas empresas, que es donde se concentra el fraude. Esta propuesta se rechazó por la negativa del Ministerio de Trabajo y de la UGT (CEOE, en principio, se mostró de acuerdo) en la última reunión de la Comisión Nacional de Elecciones.

Los representantes ministeriales están dispuestos a enviar, mediante una circular, nuevas instrucciones antifraude (de efectividad muy discutible) aplicables solamente a las elecciones que aún no se hayan celebrado. Pero tales medidas no habría ni lugar a plantearlas en mitad del proceso electoral si no es por que se es consciente de que el fraude está siendo posible, como de hecho lo es. Por ello mismo es injustificable que se admita actuar contra el fraude que aún no se ha cometido y, al mismo tiempo, no hacer nada ante el que ya se ha dado.

La UGT, por un lado, afirma con rotundidad que éstas son las normas de mayor garantía y, por otro, dice que es difícil definir el fraude. Parece elemental que una normativa electoral, aun la de menor garantía democrática, tipifique con precisión lo que es fraude y lo que no es.

Para los primeros puede resultar duro revisar actas que en las comisiones provinciales han aceptado por votación, pese a las alegaciones sobre su falsedad. Pero siempre será más bochornoso que un juez les tenga que aclarar que la falsedad de un documento público no hay votación que la transforme en real. Además, cumplir con las funciones de verificación de las elecciones que le atribuye la propia ley evitaría el colapso provocado por ellos mismos en las magistraturas de Trabajo, tan necesarias para otros asuntos, al haber dado por toda respuesta a los representantes de Comisiones Obreras la de "vaya usted a los tribunales".

Verificación de actas

En cuanto a la dirección confederal de UGT, que, mediante circular firmada por el responsable de su aparato electoral, ha cursado instrucciones a sus agentes electorales a fin de que rellenen las actas, de manera que parezca que respetan los plazos legales, no para que se hagan las elecciones como corresponde, les cabe ahora la obligación moral y la responsabilidad democrática de aceptar la verificación de actas que se propone. Es lo mínimo que puede hacer una dirección confederal para que las consecuencias de sus decisiones no las paguen sus propios militantes.

En definitiva, quienes se reservaron la exclusiva de diseñar el marco electoral tienen ahora en sus manos la total responsabilidad de poner los medios de inspección y verificación necesarios para el esclarecimiento del proceso. De seguir eludiéndola, serán ellos quienes, por primar con unos miles de delegados de pequeñas empresas a UGT, ensombrezcan unos resultados globales, en gran parte obtenidos con el esfuerzo honesto y el empeño sindical de muchos trabajadores y militantes de todos los sindicatos sin excepción. La democracia se empaña por quienes falsean la voluntad de los electores, no por quienes la defienden, aun con la crítica y la denuncia, cuando no quede otro recurso.

De todas formas, aunque logremos entre todos resolver lo mejor posible los problemas de las elecciones sindicales en curso, no se puede eludir una seria reflexión sobre las deficiencias que aquejan a las elecciones sindicales desde las primeras que se hicieron en 1978. Sobre los desequilibrios formales y de fondo entre lo político y lo socio-laboral, en el desarrollo de la democracia. Al respecto de este desequilibrio, es suficientemente reveladora una rápida descripción de los aspectos formales que regulan las elecciones sindicales. No hay una ley electoral sindical, aunque el esquema básico esté incluido en el Estatuto de los Trabajadores y en la ley orgánica de Libertad Sindical, lo cierto es que cada uno de los cuatro procesos electorales se han hecho con cuatro decretos distintos sobre normativa electoral, dictados por los Gobiernos de turno. Los censos de las circunscripciones electorales, empresas de más de seis trabajadores, tiene que conseguirlo como pueda cada sindicato, y lo normal es que estén completamente desfasados.

No hay juntas electorales en las que participen el poder judicial y los que concurren a las elecciones, sino comisiones electorales presididas por representantes del Ministerio de Trabajo, a fin de cuentas del Gobierno, y compuestas además por empresarios y sindicatos representativos. Así, en órganos tan decisivos durante todo el proceso electoral y en la proclamación final de los resultados, no sólo no interviene ningún poder de los llamados independientes, sino que participan con voz y voto los patronos, públicos en el caso del Gobierno, y privados, en el de la CEOE. Se les da derecho a incidir en la configuración de su interlocutor sindical. Imaginemos por un momento las reacciones de la CEOE si a los trabajadores y a sus sindicatos se les permitiera solamente opinar, no digamos intervenir, en cada empresa y a escala general sobre la configuración de las patronales a efectos de negociación colectiva o de representación institucional.

Digamos, por último, que con los baremos establecidos de delegados a elegir, según el tamaño de las empresas y contando con una estructura productiva en la que el 90% de las empresas que pueden hacer elecciones tienen menos de 50 trabajadores, puede ocurrir que el sindicato más representativo no sea el más votado. En las legislativas, los diputados pueden costar muchos más votos a un partido minoritario que a otro de mayor implantación, pero, en definitiva, el que más diputados tiene es también el de mayor número de Votos.

En resumen, unas reglas del juego inconcebibles en cualquiera de las elecciones que se dan en la esfera de lo político.

Una profunda reforma del procedimiento y del entramado de las elecciones sindicales es imprescindible. Pero los desajustes formales, cuando se han mantenido durante ocho años y en cuatro convocatorias, no obedecen sólo ni principalmente a deficiencias legislativas.

Las injerencias

Dos factores han entorpecido la plena consolidación del sistema representativo. De una parte, la intervención creciente de instancias económicas y políticas en la configuración del mapa sindical. De otra, la táctica de minar desde dentro un modelo sindical que nunca fue del agrado de UGT.

Tras las elecciones de 1978 (que, aunque algunos lo olvidan, hubo resultados que dieron una ventaja a Comisiones Obreras del 13,7%), Comisiones Obreras propuso a UGT y se logró un acuerdo unitario para la negociación colectiva del año siguiente. Sin embargo, a raíz del Estatuto de los Trabajadores, pactado entre CEOE-UGT y UCD-PSOE, seguido del AMI, cambiaron las cosas. La injerencia por intereses económicos y políticos, que no ha respetado límites, ni ha guardado las formas, puede apreciarse a lo largo de los distintos comicios sindicales. En las de 1980, con el AMI recién firmado, la CEOE terció en las elecciones a favor de UGT, a quien necesitaba para llevar adelante aquel acuerdo que había hecho exclamar al entonces presidente de CEOE, Ferrer Salat: "O la UGT firma -el AMI- o la destrozamos".

En las de 1982, el flamante primer Gobierno del PSOE, sentando el precedente de desestimar un dictamen del Consejo de Estado, impuso el inaudito procedimiento de establecer el período de cómputo una vez finalizadas las elecciones. Proclamó la victoria de UGT por un 3,6% de diferencia, descontando arbitrariamente del resultado oficial miles de delegados.

En las presentes elecciones se está dando lo mismo que en las anteriores, pero aumentado y corregido por la obsesiva inclinación del Gobierno del PSOE a dominar en todas las áreas de la vida política y social; también en la sindical, para proseguir con los menores obstáculos posibles en su neoliberalismo económico y social asumido con la fuerza de los conversos.

Por su parte, UGT siempre ha visto a los comités de empresa como competidores del papel de los sindicatos. Esa concepción explica que se lance a obtener delegados de pequeñas empresas (que luego sólo considerará para incrementar su presencia institucional y por los dividendos que ello le reporte), y al mismo tiempo acuerda con empresas públicas, como Renfe o Telefónica, reducir a la mitad los miembros de los comités de empresa. Se han adelantado al sector privado de las grandes empresas y multinacionales en el debilitamiento de la representatividad directa de los trabajadores.

Contraponer protagonismo de los sindicatos con la unidad en la acción y fortalecimiento organizativo a la participación no tiene sentido. De todas formas, el debate y la confrontación de propuestas sindicales distintas y todas legítimas, si se hubiera dado con autonomía en el seno del movimiento sindical, habría sido enriquecedor. Las interferencias de poderes económicos y políticos junto a la beligerancia contra los comités está teniendo efectos degradantes.

Posiblemente con ese proceso de degradación de las elecciones, culminado con el escándalo de estos días, se persigue a medio plazo la sustitución del sistema representativo por otro en línea con la pretendida institucionalización de los sindicatos.

Admitiendo el valor y la importancia de la participación institucional, hay que subrayar que los sindicatos son ante todo asociaciones voluntarias y libres de trabajadores para un fin muy concreto: la defensa de sus intereses ante los poderes públicos y económicos y en cualquier régimen político. Convertirse en piezas del engranaje institucional del sistema comportaría la desnaturalización de los sindicatos y su inoperancia como organizaciones de clase. Serían otra cosa, tal vez esto tan equívoco que los teoretas del neoliberalismo venden como lo moderno.

Lo importante es que al día siguiente de las elecciones nos esperan dos grandes retos: un nuevo deterioro de los salarios y la precarización del empleo, versus flexibilidad. Por obtener un punto arriba o abajo en las elecciones con ayudas ajenas no se puede hipotecar la respuesta de uno de los sindicatos ni ahondar más en la división.