El Gobierno francés decreta la libertad de precios desde el 1 de enero

El primer día del año 1987 los empresarios y comerciantes franceses gozarán de una libertad restringida desde hace más de 40 años: la de fijar los precios de sus productos. Esta medida, decidida ayer en consejo de ministros, será acompañada de la creación de un consejo destinado a asegurar la libre competencia. La liberalización de los precios no afectará por el momento a las tarifas de los servicios públicos, los productos farmacéuticos, los taxis y los libros. En caso de circunstancias excepcionales, una calamidad nacional por ejemplo, el Gobierno podrá intervenir de nuevo los precios de determinados productos.El decreto sobre la libertad de precios y sobre la competencia fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y sólo falta la firma del presidente de la República para que tenga vigencia legal. Por el momento, François Mitterrand se ha negado a firmar dos decretos del Gobierno, el de privatización de 65 empresas públicas y el de redistribución de las circunscripciones electorales.

Después del decreto de privatización, que empezó a producir sus efectos esta semana con la salida a bolsa de las acciones de Saint Gobain, este decreto sobre libertad de mercado es la segunda gran medida liberalizadora emprendida por el Gobierno conservador de Jacques Chirac.

El decreto consagra la libertad de precios como un principio, cuya práctica atañe a la responsabilidad de las empresas. La limitación del principio en cuatro casos ha sido motivo de fricciones entre el Ministerio de Economía y algún otro, por ejemplo, el de Cultura. Su titular, François Leotard, defiende el control de los precios de los libros, en continuidad con su predecesor socialista, Jack Lang.

Las cuatro áreas de precios que no serán afectadas por la medida serán objetó, según el decreto, de un tratamiento específico dentro de dos años, con vistas a estudiar su liberalización. Con ello, el Gobierno no renuncia al principio general ahora consagrado por su texto legal. Las intervenciones excepcionales decretadas por el Gobierno, motivadas por circunstancias de crisis, calamidades, etcétera, no tendrán una duración superior a seis meses.

Transparencia del mercado

El decreto tiene como segundo objetivo conseguir la máxima transparencia y buen funcionamiento del libre mercado. La publicidad de los precios de los productos al detalle seguirá siendo obligatoria. Se prohiben las prácticas destinadas a perturbar la libre competencia, aunque se limita el tipo de establecimientos dedicados a la venta al público de algunos productos denominados de gama alta (farmacia y perfumería de lujo).El organismo destinado a garantizar el funcionamiento transparente y libre del mercado es un consejo de la competencia, que estará compuesto por 16 miembros, nombrados por seis años renovables, entre personas de altos organismos del Estado, la Magistratura, personalidades destacadas y profesionales. El consejo tendrá una función consultiva y otra administrativa, con posibilidad de emitir sanciones pecuniarias y dictámenes ejecutivos, y contará con procedimientos de urgencia para resolver los problemas que requiera una intervención rápida destinada a atajar un atentado contra la libre competencia.

Respecto a la concentración empresarial, el consejo deberá intervenir en los casos en que se produzcan fusiones de empresas que afecten al 25% del mercado de un producto o servicio o a una cifra de negocios superior a los 7.000 millones de francos (140.000 millones de pesetas).