La Ertzaintza quiere ocupar su sitio

La principal singularidad de la autonomía del País Vasco, junto al concierto económico, es la Ertzaintza (Policía Autónoma). Seis años después de la entrada en vigor del Estatuto de Gernika, la Ertzaintza cuenta con 2.682 agentes en funciones, otros 600 en formación en la academia de Arkaute (Álava) y 11 bases comarcales que cubren casi 3.000 kilómetros cuadrados, con más de 520.000 habitantes, la cuarta parte de la población de la comunidad autónoma. Las Fuerzas de Seguridad del Estado no han reducido sensiblemente sus efectivos. Las dos policías se superponen, y la polémica sobre el futuro del orden público en Euskadi dista mucho de estar cerrada.Los puntos de vista entre Madrid y Vitoria permanecen alejados. Eli Galdos, activista de ETA durante la dictadura, ahora viceconsejero de Interior del Gobierno vasco, cree que falta voluntad política. "No quieren que la Ertzaintza sea la policía con competencias y responsabilidades plenas que establece el Estatuto, porque no confían en nuestra voluntad para combatir los delitos llamados terroristas", afirma.

Ramón Jáuregui, delegado del Gobierno central cree que "la Ertzaintza se está desarrollando según un modelo de policía integral, que como hecho político no puede ser cuestionado por nadie", pero admite que existe un problema de confianza. "La sustitución de las fuerzas del Estado debe ser consecuencia de la credibilidad que alcance la policía vasca ante los ciudadanos, vascos y no vascos, no una condición previa".

El enfrentamiento entre ambas administraciones, central y autónoma, alcanzó su punto de mayor dureza tras la muerte, en tiroteo con un comando terrorista de ETA, del delegado general del Gobierno vasco para asuntos policiales, Genaro García-Andoáin, durante la liberación del industrial secuestrado Lucio Aguinagalde. El presidente del Gobierno autónomo, José Antonio Ardanza, llegó a decir que Jáuregui se tendría que tragar unas declaraciones en las que pedía a la Ertzaintza mayor ardor en la lucha contra ETA.

Jáuregui, por su parte, sigue convencido, pese a todo, de que la Policía Autónoma no combate el terrorismo allí donde se encuentra desplegada. "No tiene información, de acuerdo. Pues que la coja de donde está, que la busque, que la pida. La Ertzaintza se niega a ir a las juntas provinciales de seguridad, donde se reúnen los mandos policiales y se pone sobre la mesa toda la información disponible". La única explicación que encuentra a esta negativa es "una desafortunada expresión del lendakari Ardanza" según la cual no conviene mezclar en el mismo cesto manzanas sanas y podridas.

Galdos no es menos tajante y se lamenta de que la Policía Autónoma ni siquiera tiene garantizado el acceso regular e inmediato a los bancos de datos del Ministerio del Interior para conocer la información que sobre cada ciudadano contiene el Documento Nacional de Identidad Califica de "tontería completamente absurda" la sospecha de que en la actuación de la Ertzaintza para liberar a Aguinagalde influyera- la afiliación del secuestrado al Partido Nacionalista Vasco (PNV). "Hemos estado al menos en otros dos casos a media hora de conseguir la libe ración de víctimas de secuestros y eso lo sabe el Gobierno central Sus acusaciones de tibieza frente a ETA son ridículas", asegura "¿Por qué no hemos podido culminar las operaciones? La Guardia Civil y la Policía Nacional nunca han confiado en nosotros en estos casos. Creen que nuestra información sólo debe servir para que actúen ellos".

La desconfianza llega a límites insospechados. Según ciertas fuentes, el Ministerio del Interior conoció la liberación de Aguinagalde antes de que le fuera comunicada por la Consejería de Vitoria gracias al espionaje de la Guardia Civil sobre los movimientos de la Ertzaintza a través de su frecuencia de radio. "Nos sabemos escuchados", confiesa Galdos; "es fácil interferir las frecuencias". Debe de ser tan fácil que parece lógico que también la Ertzaintza espíe a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, aunque el viceconsejro de Interior no lo dice.

El desacuerdo llega a los hechos objetivos, como, el contingente de policías del Estado destinados en la comunidad vasca: 9.000 según la Delegación del Gobierno central, 12.000 según cálculos de la Consejería de Interior, donde matizan que habría que añadir efectivos con base fuera de Euskadi que operan en el País Vasco, compañías móviles del Cuerpo Nacional de Policía o Grupos Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil.

Redución de efectivos

Prácticamente ningún agente de los cuerpos del Estado ha abandonado Euskadi desde que la Ertzaintza comenzó su despliegue, a excepción de la Guardia Civil de Tráfico, sustituida a todos los efectos por la Policía Autónoma. Aun así, en la Consejería de Interior existe la sospecha de que el abandono de esa fuerza ha sido compensado por alguna otra vía.La superposición de policías implica un aumento proporcional de los gastos. La Policía Autónoma se financia con cargo al Estado a través del concierto económico.

Los costes de infraestructura, personal y mantenimiento se deducen del cupo que el País Vasco debe satisfacer anualmente a la Hacienda central en concepto de cargas del Estado no asumidas por la comunidad autónoma.

El sostenimiento de cada agente y de la infraestructura que precisa cuesta 2.700.000 pesetas anuales.

En la Consejería de Interior no existe la menor duda sobre la necesidad de que las fuerzas del Estado se replieguen a medida que la Ertzaintza se despliega, y se piensa que la retirada de unos 2.000 agentes, cuyas funciones han sido asumidas ya por la Policía Autónoma, evitaría al Ministerio del Interior el despilfarro de más de 5.000 millones de pesetas del contribuyente.

"Basta leerse el Estatuto de Gernika y las disposiciones complementarias para apreciar que la Ertzaintza no es una policía de complemento, sino la policía del País Vasco", argumenta Eli Galdos. "La policía complementaria es la otra, que debe cumplir funciones de carácter extra y supracomunitario, relacionadas con las fronteras del Estado y similares, claramente especificadas. Parecía imposible sustituir, por su experiencia y su preparación técnica, a la Guardia Civil de Tráfico. Lo hemos hecho sin el menor problema. Lo mismo sucederá cuando la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía se retiren de los pueblos y ciudades donde ya estamos nosotros".

Por su parte, Ramón Jáuregui está convencido de que es posible alcanzar un acuerdo "que resulte satisfactorio para el PNV". Reinvindica el papel del Gobierno socialista: "La Policía Autónoma se ha hecho desde que nosotros llegamos al poder. Hemos retirado a la Guardia Civil de las carreteras, aprobado las sucesivas promociones de la Ertzaintza y su despliegue, tal y como quería el Gobierno vasco, autorizando todas las peticiones de material; incluso hemos hecho cierta dejación en el tema de los mandos militares, porque sabemos que hay problemas objetivos. La sustitución parcial de los demás cuerpos debe ser consecuencia de la generación de confianza y de la adquisición de experiencia. Mientras, la Ertzaintza tiene que aprender a coordinarse y coexistir con las otras policías".