El poder judicial pide silencio a los jueces sobre materias de su jurisdicción

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, por mayoría, recordar a los jueces y magistrados el deber de abstenerse de formular declaraciones públicas sobre materias sometidas a su jurisdicción. El sector más conservador de la judicatura consideró acertada la medida, mientras que un portavoz del sector progresista la estimó una muestra de "una política judicial autoritaria" y el sector moderado la entendió contraria a la deseada transparencia de la Administración de justicia.

En primer lugar, el Consejo recaba de todos los miembros integrantes del poder judicial, apelando a "su arraigado sentido de prudencia y discreción", la eliminación de las actitudes y manifestaciones públicas realizadas a través de los medios de comunicación social sobre materias sometidas a su potestad jurisdiccional, "que aún siendo minoritarias", dice, "pueden comprometer la independencia jurisdiccional, núcleo esencia de la función de jueces y magistrados". A continuación, recuerda "a todos los jueces y magistrados, a través de los presidentes de las Audiencias Territoriales, el deber que les impone su estatuto jurídico de abstenerse de formular declaraciones públicas en materias o asuntos sometidos a su decisión jurisdiccional".Por último, "atendiendo a la demanda social de información en problemas de que conoce la Administración de Justicia, así como al lícito derecho de los ciudadanos de recibir veraz y objetiva información de tales materias, el Consejo emprende la puesta en marcha de servicios u oficinas de información, en determinados órganos jurisdiccionales, con objeto de garantizar a todos los ciudadanos esa veraz información".

Votos discrepantes

El acuerdo fue adoptado por 12 votos favorables, cuatro en contra (Valentín de la Iglesia, Pablo Castellano, Emilio Berlanga y Juan Antonio Linares) y tres abstenciones, entre ellas la del presidente, Antonio Hernández Gil, y el vocal Adrián Celaya. Se encontraba ausente José Luis Calvo. El portavoz del Consejo se negó a facilitar la identidad de los discrepantes, a pesar de que ellos pidieron que constara su voto.

En nombre de Jueces para la Democracia, Perfecto Andrés declaró: "Hace unos días el Consejo hacía un pronunciamiento descalificador del ejercicio de la libertad de expresión de los jueces reunidos en junta. Les imponía, al margen de todo procedimiento, de hecho y sin garantías, una sanción. Ahora, es la libertad de expresión de cada juez, individualmente considerado, la que resulta amenazada".

"Se dice que en nombre de la independencia, pero me parece que ésta no gana nada", añadió, "cuando se limita la libertad del juez para autodeterminarse, para valorar en conciencia, en cada caso, la forma de hacer compatible su deber profesional de reserva con la necesidad social y política de dar satisfacción al derecho de los ciudadanos a una información veraz en aquellas cuestiones que son de verdadero interés público". Calificó la medida como una muestra de "política judicial autoritaria".

José Gabaldón, presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, anticipó que "la medida, en líneas generales, es acertada". Por su. parte, Juan Saavedra, portavoz de la asociación judicial moderada Francisco de Vitoria, señaló que "es muy difícil determinar dónde empieza y termina la materia jurisdiccional" y recordó la conveniencia de una justicia transparente.