50 trabajadores demandan a Alianza Popular por despido improcedente

Medio centenar del personas que mantenían relación laboral con Alianza Popular y que fueron despedidas el pasado 31 de julio han llevado sus casos a la Magistratura de Trabajo, algunas por entender que el despido es improcedente y otras para denunciar que el partido conservador ha actuado de forma irregular al no darles de alta en la Seguridad Social. El coordinador general de AP y responsable de finanzas, Ángel Sanchís, minimizó este conflicto asegurando que se trata simplemente de "un plan de reducción de gastos".

Alianza Popular ha retirado el sueldo a 60 secretarios técnicos provinciales y estudia el cierre de todas aquellas sedes que no tengan un funcionamiento mínimo de ocho horas diarias.El partido conservador se impuso en el mes de junio un drástico plan de ahorro, que se agudizó tras las elecciones del 22 de junio al no aumentar su representación parlamentaria, sino que ésta disminuyó en un diputado. El gasto electoral fue muy superior al dinero que recibirán del Estado por votos obtenidos.

El coordinador general de AP, Ángel Sanchís, asegura que el plan de reducción de gastos se planteó a principios de mes de junio con el anuncio a los altos cargos del partido que fueran diputados que desde septiembre dejarían de percibir el sueldo de AP. Sanchís presentó en esas fechas una lista con las 70 personas que, a su juicio, debían ser despedidas, aunque después se redujo. Las fuentes oficiales hablan de 45 despedidos, mientras que éstos insisten en las 70 bajas. Ángel Sanchís asegura que son 30 las personas a quienes no se les ha renovado el contrato "o no se les renovará cuando venza" y 15 las que son realmente despedidas, ya que su situación era de fijeza.

Numerosos afectados por la reconversión en AP están dirigiéndose estos días a diferentes medios de comunicación para denunciar lo que consideran despidos irregulares. Una joven que ha trabajado durante cuatro años en el departamento de contabilidad narraba su situación: "No he tenido nunca contrato; cobraba por recibo, y desde luego no estaba dada de alta en la Seguridad Social. Les he denunciado ante la Inspección de Trabajo y ante la Seguridad Social, y muchos compañeros también lo han hecho". Según estas personas, fueron citados para los actos de conciliación en el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC) el pasado mes de agosto, aunque la defensa de la empresa no compareció.

Los testimonios de los despedidos son muy numerosos, aunque todos ellos solicitan permanecer en el anonimato hasta tanto no se celebren sus juicios, que en muchos casos se desarrollarán en los primeros días de octubre. "A mí me ofrecieron 200.000 pesetas si no les llevaba a Magistratura, pero me negué a firmar; a otros les han ofrecido 400.000, y ha habido de todo, quienes han aceptado y quienes no", apuntó otro joven con más de un trienio de servicios prestados en el partido conservador.

Para aquellos que tenían contrato fijo, la única fórmula posible era la del despido con alguna causa. "En mi carta de despido ponía como causa 'desidia en el trabajo', lo que es radicalmente falso, así que les he demandado por despido improcedente", es otro de los casos. A través de sus abogados, estos jóvenes aseguran que un inspector de Trabajo y otro de la Seguridad Social se personarán esta semana en la sede de AP "ante la avalancha de denuncias".

Desde el verano, un empresario gallego, Rosendo Naseiro, amigo personal de Manuel Fraga, permanece en la sede aliancista para contribuir en la elaboración de un plan de reducción de gastos, según versión de los despedidos. Sanchís no está de acuerdo con esa versión que se ha dado de las funciones de Naseiro. "Todos los años se ha pedido a una empresa privada una auditoría de la casa, pero un amigo de Manuel Fraga se ha brindado para realizar la auditoría gratis, así que encantados".

Sanchís explica que el objetivo económico es el de reducir 421 millones en un año. "No sólo en personal, sino en teléfonos, en periódicos y en personas que cobraban de Madrid su sueldo por cargos provinciales del partido", explicó Sanchís.