El sector oficial del PNV centra sus ataques en Garaikoetxea

La Asamblea Nacional del PNV terminó en la madrugada de ayer sus trabajos, después de 17 horas de sesión prácticamente ininterrumpida, con un fuerte ataque al líder del sector crítico, Carlos Garaikoetxea, que ha sido denunciado por segunda vez en pocos meses ante los tribunales disciplinarios. Tras aceptar un simple acatamiento verbal de los representantes de Guipúzcoa a la legitimidad de la asamblea, en lo que aparece como una maniobra destinada a ganar tiempo y debilitar el apoyo a las tesis críticas en aquella provincia, el sector oficial impuso por abrumadora mayoría sus criterios y aprobó una moción dedicada expresamente a desautorizar al ex presidente del Gobierno vasco, que no participó en la reunión.

La asamblea terminó a las cuatro de la madrugada. Algunas decenas de miembros del servicio de orden y de entusiastas del sector oficial aguardaron hasta el final para ovacionar a los presidentes de las ejecutivas nacional y de Vizcaya, Xabier Arzalluz y Jesús Insausti, respectivamente y mostrar su hostilidad a los delegados de Guipúzcoa. El presidente de esta ejecutiva regional, Markel Izaguirre, fue calificado de "cantamañanas".La sesión se había iniciado a las 11 de la mañana en la Casa del Partido de Artea (Vizcaya). Entre las dos opciones con que: contaba, aceptar el reconocimiento meramente verbal de la legitimidad de la asamblea por parte de los delegados de Guipúzcoa o exigir una ratificación mediante voto favorable de la resolución aprobada por mayoría el sábado anterior con la oposición de los críticos, el sector oficial optó por la primera y dio por zanjada la cuestión previa.

En esta decisión parecen haber influido poderosamente los resultados de la última asamblea de Guipúzcoa, en la que 46 juntas municipales renovaron su apoyo a la ejecutiva regional, frente a 17 que respaldaron al sector oficial. A la hora de evitar que se consumara ayer mismo la ruptura formal ha pesado la idea de que son muchos todavía los batzokis (sedes nacionalistas) que el PNV perdería en la provincia disidente, incluidos algunos de los más importantes.

Paréntesis

La elección de una línea menos dura en la solución de la cuestión previa sobre la legitimidad de la asamblea abre un paréntesis que permitirá al sector oficial intentar mejorar sus posiciones en la base del partido y seguir disputando el control de los batzokis.

Fue el único momento de la asamblea en que los oficialistas mostraron algún ánimo de llegar a un acuerdo. Tras aprobar por unanimidad una moción en la que se dice que está garantizada la gobernabilidad de las instituciones autónomas porque todos los cargos electos harán honor a sus "deberes morales y políticos", se decidió que el estudio de las conclusiones de una comisión especializada sobre la crisis del partido lo ultime el Consejo Nacional (EBB), donde el sector oficial tiene nueve representantes por tres de los críticos. La preparación de una Asamblea Nacional para la revisión de los principios organizativos y programáticos fijados hace nueve años en Pamplona también ha sido encomendada al EBB.

Las propuestas de la representación de Guipúzcoa y de algunas juntas de fuera del País Vasco español, tradicionalmente favorables a los críticos, fueron rechazadas sin contemplaciones. Estos proyectos de resolución pedían una amnistía que permita el reingreso de todos los expulsados y excluidos del PNV durante los últimos años, cuya ausencia falsea, en opinión de los críticos, la relación de fuerzas en el partido, y una reforma de los estatutos para que se respete la proporcionalidad en la elección de las asambleas regionales.

Desechadas por una proporción de voto de tres a uno las mociones de la oposición a la actual ejecutiva, el sector oficial puso sobre la mesa las suyas propias. La delegación de Álava presentó un documento de tres folios, según el cual "no existen razones ideológicas" en la crisis nacionalistas, que es debida a "algunos comportamientos personales". El texto, aprobado por las tres cuartas partes de los 65 delegados, termina pidiendo que se exijan responsabilidades a quienes realizaron el "abierto y notorio sabotaje en la campaña electoral" y advierten que se sancionarán todas las actitudes que entren en contradicción con los acuerdos de la asamblea.

También a propuesta de Álava se aprobó una breve resolución de condena al contenido del escrito Aún es tiempo, suscrito por Carlos Garaikoetxea y otras seis personalidades del sector crítico, en el que se condensaban las reticencias a la representatividad de los órganos de dirección del partido que desencadenaron el debate sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional. Finalmente, la asamblea expresó, siempre con el voto en contra o la abstención de los apoderados de Guipúzcoa y de la mayoría de las juntas extraterritoriales, "su público rechazo, y con la máxima fuerza, a las declaraciones hechas por el parlamentario Carlos Garaikoetxea, en las que negaba legitimidad y tachaba de falseados" a los órganos directivos del PNV.

Las palabras de Garaikoetxea a una emisora catalana son las siguientes: "El problema es que un sector del partido considera que los órganos supremos del mismo ( ... ) están falseados o trucados porque en su día ( ... ) se disolvió una parte esencial de los mismos, que es la, correspondiente a la representación de Navarra". A causa de estas mismas frases, el ex lendakari ha sido denunciado, por segunda vez en pocos meses, ante el tribunal disciplinario del PNV.

La especial solemnidad de que se ha querido rodear la denuncia, presentada por las 10 juntas de Bilbao, Vitoria y Pamplona controladas por el sector oficial, era interpretada ayer por algunas fuentes como un indicio de que la sentencia será definitiva.

Pocos minutos antes de las cinco de la madrugada el portavoz del Consejo Nacional, Xabier Aguirre, afirmaba: "`El partido ha salido fortalecido. Definitivamente, esta crisis se ha cerrado y ha terminado el cachondeo. El que se atenga a los reglamentos, adelante, y el que no, que sufra las consecuencias". Aguirre negó que la vía escogida para resolver la crisis sea el inmediato comienzo de una caza de brujas por los tribunales internos, que, sin embargo, apenas han tardado 24 horas en expulsar del partido al presidente de la junta municipal de Vitoria, Manuel Ibarrondo, acusado de desacato a una sanción anterior.

La junta de Vitoria decidirá el martes si acepta o no la expulsión. La negativa equivaldría, según informan portavoces del sector oficial, a la inmediata expulsión de todos los indisciplinados.