El Tribunal de la Juventud crítica la falta de recursos para prevenir los malos tratos

La falta de mecanismos legales y de recursos económicos para evitar las situaciones de marginación entre la población de menor edad fue motivo suficiente para la creación de un Tribunal de Malos Tratos a la Juventud y a la Infancia, según sus organizadores: la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y el colectivo Jóvenes en Libertad. En dos largas sesiones en el Centro Cultural de la Villa, los pasados martes y miércoles, los miembros del tribunal -entre quienes se encontraban el defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, y el diputado Juan María Bandrés- escucharon el testimonio de decenas de personas que denunciaron casos de injusticia social.

¿Es delito ser joven?", fue la pregunta a la que intentó responder Julio César Redondo, miembro de la APDH, quien señaló que la policía ve a los jóvenes como "presuntos delincuentes o elementos que hay que controlar". Varios testimonios sirvieron después para ilustrar escrupulosamente su intervención, que arrancó con una referencia a la supuesta "inconstitucionalidad" de la ley de Tribunales Tutelares de Menores, y se recreó en puntos polémicos como la utilización de armas de fuego por la policía o la frecuencia con la que se producen "las ilegales retenciones policiales de jóvenes".Según Redondo, que intervino como ponente de la comisión jurídica del tribunal, "alrededor de 160 personas murieron por causa de la droga el pasado año, la mayoría de ellos jóvenes". "Se persigue a los consumidores", añadió, "y no se investigan las grandes redes de droga". La insuficiencia de las medidas de reinserción social -"las cárceles son escuelas de delincuentes"-, la lentitud de los procesos judiciales o los malos tratos en dependencias policiales fueron otros de los temas abordados.

El tribunal estaba integrado por una decena de personas, entre abogados, psicólogos y personas relacionadas con el movimiento juvenil. La primera sesión estuvo presidida por Joaquín Ruiz-Giménez Y contó con la presencia, entre otros, del diputado Juan María Bandrés, del presidente de la APDH, José Antonio Martín Pallín, y del ahogado José María Mohedano. Un total de 12 organizaciones respaldaban al tribunal, entre ellas dos sindicatos policiales -Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Plataforma Unitaria de Policía (PUP)-, secciones sindicales de UGT y CC 00 y el Grupo de Abogados Jóvenes.

Críticas a la "mili"

"Seis de cada diez españoles son contrarios al servicio militar obligatorio", declaró el representante del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), Javier Fernández, que basó su intervención en datos aparecidos en la prensa y en testimonios personales."Los militares", en opinión del representante del MOC, "quieren presentar como una escuela de ciudadanía lo que no es sino un filtro para ahogar la personalidad de los jóvenes y convertirlos en trabajadores sumisos". Javier Fernández criticó el aprovechamiento de los soldados por los mandos y las deficientes condiciones sanitarias de los cuarteles, pero dedicó la mayor parte de su extensa intervención a las muertes y suicidios durante el servicio militar.

Joaquín Ruiz-Giménez mostró un especial interés por el testimonio de Áurea Ruiz de Eguino, madre de un soldado fallecido en circunstancias aún no aclaradas cuando pasaba la instrucción en un campamento en Cáceres. Áurea Ruiz pidió insistentemente un juicio justo. Ruiz-Giménez señaló que haría todo lo posible por intervenir en el caso, aunque reconoció la dificultad para intervenir en la jurisdicción militar.

La ley de Objeción de Conciencia, actualmente pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional después del recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, fue el último de los aspectos abordados en la ponencia sobre el servicio militar. Juan María Bandrés, diputado de Euskadiko Ezquerra, recordó su postura en el Congreso, contraria a la citada ley, y añadió que su participación en el tribunal le serviría de utilidad para presentar iniciativas parlamentarias. "Soy amigo de las batallas perdidas a corto plazo", declaró al recordar su participación en tribunales similares.

Para Pedro Costreras, estudiante que intervino en la ponencia sobre enseñanza, "la violencia psíquica es la gran protagonista en las escuelas". La marginación, en su opinión, comienza en el "sistema competitivo" que se fomenta en los primeros años de enseñanza. Similares aspectos de malos tratos psíquicos fueron abordados en las ponencias sobre marginación social y situación laboral del joven.

El tribunal condenó en su comunicado final "la explotación económica de los menores de 15 años que trabajan ilegalmente y la vejación social para ese millón largo de jóvenes que no pueden trabajar". El tribunal se disolvió el miércoles con el deseo de no reunirse de nuevo, "lo cual significaría que no hay nuevos casos que denunciar".