La Caja de Ahorros de Madrid negocia la compra de la Caja Rural Provincial de Reus

La Caja Rural Provincial de Reus será absorbida por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Cajamadrid) si fructifican los contactos y conversaciones establecidos entre ambas entidades, que permitirían la solución de la crisis financiera de la primera y una importante expansión de la segunda. Los contactos se iniciaron tras la negativa del Banco de Crédito Agrícola a admitir a la Caja Rural de Reus en el consorcio creado con las cajas rurales, por no ofrecer las suficientes garantías para cubrir su elevada proporción de riesgos.

Para el buen fin de la operación Cajamadrid debería, por una parte, aportar unos 2.000 millones de pesetas para cubrir el agujero existente en la caja rural y otros 800 millones que se concederían como crédito a la Unión Agraria Cooperativa de Reus (UAC) para saldar el principal del crédito que ésta adeuda a la caja rural. Las condiciones del crédito serían especialmente beneficiosas para la cooperativa -3% de interés y 15 años de plazo de vencimiento- ya que ésta es la única forma en que podría ser asumido con mínimo de posibilidades reales de cumplimiento por la entidad.Durante los últimos años la UAC no ha pagado los intereses correspondientes a este crédito, lo que ha supuesto un aumento del riesgo contraído por la Caja Rural en más de 500 millones de pesetas. Debido a la falta de garantías para cubrir este endeudamiento, la Caja Rural de Reus no ha podido firmar un acuerdo con el Banco de Crédito Agrícola que le hubiera permitido beneficiarse de los planes de saneamiento que esta entidad ha instrumentado para otras cajas rurales, por un coste superior a los 60.000 millones de pesetas.

La Caja Rural de Reus cuenta con un pasivo de unos 10.000 millones de pesetas, alrededor de 60 oficinas, y unos 135 empleados. En caso de cerrarse la operación, la plantilla sería absorbida por Cajamadrid, que podría reconocer un año de antigüedad.

Fuentes autorizadas de Cajamadrid afirmaron que todavía no había contactos y que desconocían la existencia de las referidas negociaciones, "a no ser que se hayan desarrollado al más alto nivel o incluso por encima de la entidad", aludiendo a las posibles propuestas del Banco de España. La mismas fuentes recordaron que las últimas absorciones de Cajamadrid (Caja de Crédito Mutual, Caja de Crédito Mediterránea y la cooperativa de Créditos Foica, Caja de Inversiones) se referían a entidades modestas que contaban de cuatro a ocho sucursales en cada caso. En relación al volumen de recursos y sucursales de la Caja Rural de Reus precisaron "que para nosotros esto son palabras mayores, porque es una operación que nos viene muy grande".

El lastre de la UAC

La crisis de la Caja Rural Provincial de Reus se remonta a varios años atrás y ha sido ocasionada fundalmentalmente por el impago de los créditos concedidos a la Unión Agraria Cooperativa (UAC), entidad a la que presta sus servicios financieros (los órganos rectores están integrados por las mismas personas) y que llegó a agrupar a 120 cooperativas del campo de Tarragona. Las múltiples irregularidades descubiertas en la gestión de ambas entidades han provocado sanciones del Ministerio de Economía y Hacienda, que penalizó a los 13 miembros del antiguo consejo rector, que ya habían cesado por renovación reglamentaria en agosto de 1982, y multas por un valor de 450 millones de pesetas a la UAC por no haber ingresado en el Tesoro Público el Impuesto General del Tráfico de Empresa coorrespondiente a los ejercicios de 1979, 1980 y 1981.Para afrontar estas dificultades financieras, la Generalitat concedió a la UAC un crédito de 1.600 millones de pesetas en condiciones muy favorables, que significan unos gastos para la Generalitat (por diferencial de intereses) próximos a los 400 millones de pesetas. El entonces conseller de Economía y Finanzas, Jordi Planasdemunt, estableció -al fijar la concesión de este préstamo- una serie de rigurosas condiciones para garantizar la adecuada utilización de los fondos públicos.

Sin embargo, a pesar de las ayudas recibidas, el presidente de ambas entidades, Maties Sanahuja, no logró mejorar el estilo de gestión ni reducir el endeudamiento. Por otra parte, algunas de las condiciones establecidas por la Generalitat no fueron cumplidas posteriormente. En este sentido, cabe señalar que el compromiso exigido por Planas-demunt de que cada cooperativa aportase un millón de pesetas para reducir la deuda sólo fue cumplido posteriormente por dos tercios de las entidades. Por otra parte, la situación de la UAC se deterioró posteriormente por el abandono de otras cooperativas del grupo, disconformes con las gestión y los ventajas obtenidas.

En medios financieros tarraconenses se considera que la crisis de la caja está seriamente condicionada por el lastre que significa su estrecha vinculación con la UAC, que sigue funcionando con criterios de gestión desafortunados. La separación de ambas entidades y el saneamiento independiente y separado de cada una, así como la limitación de sus funciones a actividades rentables o al menos equilibradas, son las únicas vías que pueden permitir su viabilidad, según expertos del sector.