Los fiscales del 'caso Banca Catalana' desconfían de la entidad por haberles denegado documentos

Los fiscales del caso Banca Catalana, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, manifestaron ayer que la documentación que recientemente se incluía en el informe de los peritos había sido solicitada por ellos en noviembre de 1984, "pero a nosotros no nos la facilitaron en ningún momento aduciendo que no la tenían". Ambos consideran, por esta razón, "tener motivos para una clara desconfianza hacia Banca Catalana".

Los fiscales han solicitado ahora a esta entidad bancaria la aportación de los justificantes de las operaciones desarrolladas en la Caja B, por considerarlos imprescindibles para su investigación. Por otra parte, señalan que el contenido del informe pericial supone una multiplicidad del planteamiento de la querella, presentada en mayo de 1984.

José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo han solicitado recientemente, por medio de un escrito al juez, la aportación de nuevos documentos por parte de Banca Catalana y del Fondo de Garantía. Ambos fiscales muestran su extrañeza sobre la nueva documentación aportada en el informe realizado por los dos peritos designados por el juez instructor, Ignacio de Lecea. "El hecho de que estos documentos, que principalmente describen la actividad de la Caja B, no se facilitasen anteriormente, es una prueba de que se está entorpeciendo la instrucción del sumario", según puntualizaron.

Los fiscales han declarado a este diario que la lentitud en la investigación de las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad bancaria -apropiación indebida y falsedad en documento público-, se ha debido a las demoras en la entrega de documentos que solicitaron. "Todas las pruebas que hemos requerido", añadieron, "las consideramos esenciales para la investigación, y siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por este motivo y no por ningún otro".

Declaraciones de Lecea

Los representantes del ministerio público han expresado su molestia por las declaraciones hechas por el juez instructor del caso, Ignacio de Lecea, a la agencia Europa Press (EL PAIS jueves 9 de enero). El juez estimaba en ellas que la convocatoria de elecciones podría motivar que algunas de las partes, la defensa o los fiscales, pidiesen más pruebas para adelantar o demorar la instrucción del sumario."Estas declaraciones son como una ofensa contra nuestro sentido de la objetividad y de la profesionalidad. De la misma manera que nosotros no hemos dudado de la objetividad de los demás órganos de la justicia", matizaron, "tenemos derecho de que no duden de la nuestra". Mena y Villarejo declararon que todas las actuaciones se han solicitado desde el punto de vista de su importancia en la investigación, "y en ningún momento haremos actuaciones al margen de ésta" señalaron.

Los fiscales puntualizan que el trabajo que estan realizando es objetivo, "y nosotros garantizamos esta objetividad en igual medida que el instructor". La conclusión del sumario se determinará cuando se esclarezca lo establecido en la querella, según Mena y Villarejo. "En cualquier caso, si se decide dar por concluso el procedimiento y nosotros estimamos que hay aspectos pendientes de probar, recurriremos esta decisión", añadieron. Sobre la posibilidad de acelerar o demorar la instrucción por circunstancias externas al sumario, manifestaron que nada puede influirles para alterar la marcha de la investigación.