El presidente de la Caixa de Catalunya acepta la dimisión del director general, Joan Bilbao

El presidente de la Caixa de Catalunya, Antoni Serra Ramoneda, ha aceptado la dimisión del director general, Joan Bilbao, presentada a las ocho de la tarde de ayer. El consejo de administración celebrará hoy una reunión en la que tiene previsto ratificar la dimisión de Bilbao y nombrarle asesor de la presidencia, según fuentes de la entidad. No obstante, según otras fuentes financieras, la presentación de la dimisión estuvo precedida por la propuesta que en este sentido le planteó a Bilbao, el pasado viernes, el presidente de la entidad.

El consejo abordará seguramente hoy el nombramiento del nuevo director general, aunque lo más probable es que se inicie un período transitorio de interinidad en el cargo. La dimisión de Bilbao deberá ser aprobada por la asamblea de la entidad y de ella se deberá informar a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). En medios financieros se barajaba ayer el nombre del catedrático de Organización Económica Internacional Joaquim Muns como uno de los candidatos más firmes para suceder a Bilbao.Joan Bilbao ha dirigido la Caixa de Catalunya (séptima entidad de ahorro de España y tercera de Cataluña) desde 1969, período durante el cual la entidad ha obtenido buenos resultados financieros. Anteriormente desempeñó cargos de distinta responsabilidad en la Caja de Pensiones, La Caixa, entidad en la permaneció 23 años. Bilbao es licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Económicas y ha sido profesor numerario de Política Económica de la Empresa en la universidad de Barcelona.

Las mismas fuentes financieras aseguran que la sustitución de Bilbao ha sido fruto de un pacto entre la Diputación de Barcelona, de mayoría socialista -entidad fundadora de la caja, que ostenta una representación del 51% en el consejo de administración-, la Genera.litat y los representantes de los impositores.

El supuesto acuerdo habría satisfecho los intereses de todas las partes. La Diputación se desquitaría así de la afrenta sufrida el 18 de septiembre de 1984 cuando el llamado bloque conservador del consejo, partidario del director general, decidió destituir al entonces presidente, el catedrático Josep Lluís Sureda, socialista, nombrado por la entidad fundadora.

Para la Generalitat y los representantes actuales de los impositores, es preferible consensuar ahora el nombramiento del nuevo director general que efectuarlo dentro de un año cuando ya estén en vigor las nuevas leyes que dejarán prácticamente la elección en manos de la Diputación.

Fin de la crisis

Con la dimisión de Bilbao finaliza la crisis político-financiera abierta en el verano de 1984 con la renovación de cuatro miembros del consejo de administración de la entidad, que significó la ruptura del equilibrio de fuerzas interno y el inicio de una etapa de tensión en la institución, que culminó con la destitución de Sureda.

Tras la destitución del presidente, que posteriormente fue aprobada por la Generalitat, se agudizaron los enfrentamientos entre los sectores próximos al director general y los partidarios de Sureda. Esta situación conflictiva no se resolvió hasta el 9 de noviembre de 1984 con el nombramiento de Antoni Serra Ramoneda, catedrático de Economía de la Empresa y ex rector de la universidad Autónoma de Barcelona. El nombramiento fue pactado entre el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Josep Maria Cullell, y el presidente de la Diputación, Antoni Dalmau.

Durante los meses de conflicto se registraron toda suerte de situaciones atípicas, a consecuencia de las poco afortunadas decisiones del consejo de administración, como el nombramiento fallldo para presidente de la entidad del editor Josep Maria Castellet, quien no llegó siquiera a considerar la oferta. En una reunión, el bloque conservador propuso la reforma del artículo 64 de los estatutos de la entidad, que establecía que "el cargo de presidente y de vicepresidente primero deberán recaer necesariamente en un vocal designado por la corporación fundadora", es decir, debía ser elegido entre los ocho consejeros representantes de la Diputación de Barcelona.

La reforma propuesta planteaba que el cargo de presidente pudiera recaer sobre cualquier consejero y así se anulaba la facultad que tenía la Diputación como contrapartida a la garantía que ofrece como institución en la solvencia de la caja.

La solución de la crisis, en noviembre de 1984, incluyó la reforma de este artículo. Según la nueva redacción, "el cargo de présidente recaerá en un vocal designado por la corporación fundadora".

Otros acontecimientos protagonizados por el mismo consejo fueron la votación de destitución del presidente de la comisión de control, Francesc Adam, y la propuesta de destitución del vicepresidente Santiago Marimón.