La ley de extranjería se ha puesto en marcha sin disponer de medios, según la policía

La Jefatura Superior de Policía de Barcelona envió a principios de este mes a dos jueces barceloneses sendos oficios en los que no se comprometía a albergar en locales sanitariamente adecuados a los extranjeros que iban a ser expulsados del país, ya que carecía de ellos. Esos documentos, emitidos los días 5 y 9 de octubre, contestaban a unas actas judiciales que reclamaban un trato digno para los extranjeros en trámite de expulsión y un internamiento en un lugar que no atentara a su dignidad humana. La misma fuente explicó que "el problema radica en que la nueva ley de Extranjería se puso en vigor el pasado 20 de julio sin que se construyeran locales especiales para albergar a todas las personas que iban a ser expulsadas".La fuente policial respondía así al problema planteado con los 18 extranjeros que se hallaban hacinados en una celda de 24 metros cuadrados en la jefatura barcelonesa. En la noche del jueves los 18 extranjeros fueron trasladados a un cuartel de la Policía Nacional del barrio barcelonés de Sant Andreu.

Los responsables de la Jefatura Superior de Barcelona no quisieron ayer facilitar más información a este diario sobre los dos oficios enviados al juzgado. "No queremos polemizar con los jueces bajo ningún concepto", declaró un alto mando policial, que, no obstante, aseguró: "Estamos tranquilos porque nosotros ya dijimos que albergar en un calabozo a una persona por espacio de más de 72 horas era una locura".

Al parecer, los problemas denunciados el pasado martes en Barcelona por el juez de guardia José María Pijuan se han repetido en otras ciudades, donde las personas que deben ser expulsadas esperan, antes de ser devueltas a su país, en calabozos sin las mínimas condiciones higiénicas.