El Banco de España interviene la Caja Rural Provincial de Madrid

El consejo ejecutivo del Banco de España acordó ayer intervenir con carácter provisional a la Caja Rural Provincial de Madrid al haberse descubierto nuevas anomalías en el funcionamiento de dicha entidad que se acogió al plan de saneamiento global de cajas rurales mediante un convenio con el Banco de Crédito Agricola (BCA). Las anomalías, descubiertas por la inspección del BCA recogida en los acuerdos de cooperación entre estas instituciones, se refieren a presuntas irregularidades en operaciones de tesorería.Estas operaciones parecen ser depósitos interbancarios con el Banco de Brasil, cuyas condiciones oficiales no corresponderían con las reales y se habrían podido producir deslealtades por parte de personas tanto de la Caja Rural de Madrid como del Banco de Brasil.

Fuentes financieras señalaron que la Caja Rural de Madrid recibía una retribución baja por sus depósitos y que habría un diferencial cuyo destino todavía no se sabe.

El volumen de estas operaciones no se conoce con exactitud y será la intervención del Banco de España la que, después de revisar todas las operaciones, establezca su cuantía. En medios financieros se señalaba ayer que el Banco de Brasil habría presentado, o está a punto de hacerlo, una denuncia contra algunos de sus empleados.

Marco legal

La Caja Rural Provincial de Madrid, una entidad de tamaño medio dentro de las cajas rurales tenía 16.000 millones de depósitos a finales de 1984. Cuando se integró dentro del grupo asociado Banco de Crédito Agrícola-cajas rurales, sus recursos propios -capital mas reservas- ascendían a 1.102 millones de pesetas y tenía unas pérdidas acumuladas de 1.377 millones de pesetas. Las ayudas recibidas dentro del plan de saneamiento fueron de 624 millones de pesetas. La Caja Rural de Madrid no ha contado con un director general de la entidad durante varios meses, tras la renuncia del anterior y por el hecho de que no se había nombrado una persona que lo sustituyera.El saneamiento de las, cajas rurales que han atravesado por dificultades tropieza con dificultades, que algunos expertos consideran como insuperables, en tanto no se modifique el actual marco legal que rige a las instituciones cooperativas.

En la mayoría de los casos de cajas rurales en saneamiento se han concedido ayudas, que en total superaron los 70.000 millones de pesetas, para que las administraran las mismas personas que llevaron a las cajas a esa situación de crisis.

En muchos casos las pérdidas acumuladas por estas entidades equivalían varias veces a sus recursos propios y en otros, más graves todavía, superaban a los depósitos que los clientes habían colocado en estas instituciones.

La actual normativa sobre cooperativas impide que la Administración remueva de sus cargos a las personas elegidas por las asambleas de cooperativistas. El saneamiento de los bancos en crisis se hizo, en la mayoría de los casos, concediendo las ayudas después de la sustitución de los anteriores gestores.