La financiación del transporte público de viajeros

La subida de las tarifas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la ya anunciada del metro vuelve a poner sobre el tapete un asunto largamente debatido: la financiación de los transportes públicos. Especialmente en Madrid, estamos en un momento donde esta discusión cobra especial intensidad, al haberse aprobado recientemente por el pleno de la Asamblea de la Comunidad Autónoma la ley del Consorcio Regional de Transportes.Con los actuales precios, la EMT presenta una cobertura tarifaria del 87%; este porcentaje del coste total del servicio cubierto vía tarifas está situado en la banda más alta en relación con otras ciudades europeas. Si tomamos un bloque de ciudades representativas, en el que están incluidas, por ejemplo, Londres, Amsterdam, Hamburgo, París, Roma, Moscú y Lisboa, la cobertura tarifaria oscila en una banda del 18% al 65%.

Evidentemente, la EMT debería corregir esta tendencia (que también es perceptible en el metro) operando en sentido inverso a como lo ha venido haciendo hasta ahora. Para ello deben darse algunos requisitos.

Más allá de la EMT

El primero de ellos, la existencia de instrumentos legales que operen sobre el sistema, dando cobertura a una política tarifaria contenida a la baja. En los países a que pertenecen las ciudades mencionadas, este instrumento es la ley de Financiación de los Transportes Públicos.

Aquí aún no existe esta ley, y parece que el actual Gobierno ha desistido de presentarla, pronunciándose por una legislación más global, como podría ser la ley de Haciendas Locales. Sin embargo, la necesidad de una legislación específica para el transporte, público fue reclamada en la anterior legislatura de forma unánime por los concejales de transportes de todos los municipios españoles, cualquiera que fuese la mayoría política de la corporación a que pertenecían en el seno de la comisión de circulación y transportes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta tendencia sigue manifestándose hoy día, aunque han desaparecido de la escena las iniciativas concretas que entonces se pusieron sobre el tapete.

Hubo ya en 1981 un proyecto del Gobierno de UCD, más o menos pactado con el PSOE, que defendía la autosuficiencia tarifaria, esto es, la cobertura del 100% del coste del servicio con los ingresos procedentes de las tarifas.

El PCE presentó entonces una enmienda a la totalidad, defendiendo una filosofía distinta. Aquel proyecto de ley no llegó a discutirse en el Congreso de los Diputados, por la oposición generalizada de los alcaldes socialistas y la toma de posición del grupo de circulación y transportes de la FEMP, a que hemos hecho mención. El propio Gabinete de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a propósito de una, polémica suscitada en torno al metro, hizo público un comunicado, pactado previamente por el PSOE y PCE, en el que la corporación anunciaba su propósito de "impulsar todo tipo de iniciativas" tendentes a modificar el proyecto de la ley de Financiación del Transporte Público de Superficie, en la línea propuesta por el PCE.

La constitución del consorcio regional de transportes de Madrid, coincidente en el tiempo con la subida de tarifas en la EMT y probablemente en el metro, vuelve a poner esta cuestión de actualidad.

El consorcio de transportes

El consorcio de transportes de Madrid está planteado en dos objetivos básicos: posibilitar una mejora en la coordinación del transporte público de viajeros y poner en funcionamiento instrumentos tarifarios, como el billete de libre circulación, que favorezcan a los sectores sociales que utilizan más los transportes públicos.

Se lograría, previsiblemente, una reducción en los tiempos de desplazamiento y un ahorro económico, tanto para la Administración como para los usuarios, además de un servicio más eficaz.

Pero el problema de la financiación merece alguna atención en relación con el consorcio. Porque el problema sigue ahí. Es evidente, al menos desde la filosofía política con la que yo analizo esta cuestión, que no cabe plantear una política tarifaria autosuficiente en los transportes públicos, en el sentido de cubrir vía tarifas el 100% del coste del servicio. Y ello porque estamos ante uno de los instrumentos más formidables de que disponen las corporaciones locales y los Gobiernos regionales para impulsar una política progresista de redistribución de la renta en favor de amplios sectores populares. En Madrid, concretamente_ 1.400.000 personas son usuarios del transporte colectivo.

Es preciso recurrir a la subvención estatal, pues. Y el mecanismo más sólidamente establecido en Europa es el de una ley de Financiación del Transporte Público de Viajeros. En España, actualmente, los ayuntamientos reciben dinero del Estado a través, básicamente, del Fondo de Cooperación Municipal. La participación de las corporaciones locales en el gasto público apenas supera el 8%, lo que sitúa a los municipios españoles en el furgón de cola en relación con la situación europea, donde este porcentaje se mueve en una banda del 20-30%, según los países, llegando incluso a superar el 40% y aun el 50% en algunos casos.

Estas transferencias estatales constituyen la antesala de lo que deberá ser en el futuro la ley de Haciendas Locales. Ahora bien, o se produce un aumento muy sustancial del nivel de transferencias con esa ley de Financiación en la mano, o se legisla específicamente para el transporte público. Cualquiera de las dos vías, y prioritariamente la segunda, constituyen condición sine qua non para que no se produzca espontáneamente una tendencia a la autosuficiencia tarifaria en los transportes públicos.