El fiscal pide 10 años de prisión para varios trabajadores de la mina de Aznalcóllar

El juicio contra ocho trabajadores de la mina de pirita de Aznalcóllar (Sevilla) y el secretario provincial de CC OO, Antonio Rodrigo Torrijos, quedó ayer visto para sentencia. El fiscal solicita penas que suman 10 años de prisión y medio millón de pesetas por manifestación ilegal, atentado a las fuerzas de órden público (FOP) en dos casos, insultos en uno e incitación al desorden en otro, retirando las acusaciones en los otros cuatro.

Los hechos se produjeron en la mañana del 9 de febrero de 1982, cuando unos 200 familiares de mineros, que se hallaban encerrados en la iglesia del pueblo, se dirigían a la mina y fueron disueltos por la Guardia Civil, que presentó denuncia contra varias personas, entre ellos, el responsable de CC OO. Debido a la carga, resultaron heridas 20 personas.

En la vista pública, los acusados declararon que no se trataba de una manifestación, que no se obstruía el tráfico durante la marcha, que se realizaban diariamente sin incidentes y que las FOP actuaron después de advertirlo por vez primera.

El capitán que mandaba la fuerza, Miguel Villarín Sevilla, declaró que tenía "órdenes de disolver la manifestación", que los supuestos manifestantes estaban en actitud pasiva y sin invadir la calzada antes de los hechos, que avisaron varias veces antes de intervenir y que lanzaron piedras.