La tarjeta de libre circulación, primer paso hacia el billete único de transporte

La implantación de un pase de libre circulación, por el que, mediante el pago de una cantidad fija mensual, los usuarios podrán utilizar cuantas veces quieran cualquiera de los sistemas de transporte existentes en el área metropolitana madrileña, será la primera medida, considerada un embrión del billete único de transporte, que adoptará el Consorcio Regional del Transporte. La creación de este organismo depende de la ley que en la tarde de ayer fue aprobada por la Asamblea.El consorcio se configura como un órgano encargado de la coordinación y planificación de la infraestructura y servicios de los diversos medios de transporte que funcionan en el área metropolitana madrileña -Metro, autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes, autobuses periféricos y trenes de cercanías-, así como de la fijación de tarifas unificadas, billetes combinados y el ya citado pase de libre circulación.

César Cimadevilla, consejero de Obras Públicas y Transportes, presentó la ley como un instrumento fundamental para acabar con la descoordinación de los distintos sistemas de transportes, las pérdidas de tiempo, las incomodidades sufridas por los usuarios y el excesivo coste del transporte en relación con los beneficios sociales.

El consorcio se regirá por un consejo de administración en el que estarán representados la comunidad, los ayuntamientos del Área Metropolitana, con especial relevancia para el de Madrid; la Administración Central, sindicatos y empresas privadas. Cada ayuntamiento tendrá que aprobar en pleno su incorporación al consorcio y con Renfe y las empresas privadas se firmarán contratosprogramas en los que se fijarán las condiciones de su integración.

Por otra parte, aún está pendiente la transferencia del ferrocarril metropolitano de Madrid, una de las piezas claves del consorcio, a la comunidad autónoma. Existe ya un preacuerdo entre la Administración estatal y la comunidad repecto al contrato-programa que define las obligaciones de cada parte y las dotaciones económicas para la renovación de material y modernización de las líneas. El Estado, según este preacuerdo, aportaría en los próximos años unos 75.000 múllones de pesetas y la Comunidad unos 5.000 millones.