El Consejo General de la Abogacía, preocupado por las críticas a la judicatura
El Consejo General de la Abogacía, que preside el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol, expresó ayer su preocupación por las "descalificaciones globales y excesivas" que se hacen al colectivo judicial. Según un comunicado facilitado ayer, el Consejo acordó, en su última sesión, hacer público este sentimiento, "apartando deliberadamente de nuestro pensamiento cuanto haya podido decirse en el debate parlamentario suscitado por el proyecto de ley del Poder Judicial y desde el terreno de la independencia que caracteriza a la abogacía".
MadridPor su parte, la coordinadora Francisco de Vitoria, uno de los tres colectivos en que se agrupan los magistrados españoles, ha difundido una nota, relativa también a ese proyecto legislativo, en la que critica el conflicto constitucional promovido por el Consejo General del Poder Judicial al estimar que el Parlamento ha invadido las competencias del órgano de gobierno de la justicia. Igualmente, se opone a la audiencia que desea pedir al Rey la Asociación Profesional de la Magistratura (de carácter conservador) para que el monarca medie en la polémica."Ambas iniciativas", afirma la coordinadora, "han de rechazarse como inadmisibles porque suponen una inadecuada utilizacion de los mecanismos del Estado de derecho, en cuanto interfieren el procedimiento legislativo de las Cortes Generales que representan la soberanía popular".
La nota distribuida por el Consejo General de la Abogacía afirma, respecto al conflicto de competencias planteado por el poder judicial, que la abogacía se abstendrá de cualquier manifestación que pudiera ser interpretada como intento de influir a la resolución del Tribunal Constitucional. No obstante, el Consejo General de la Abogacía ha encargado a su presidente que continúe sus gestiones presentes, porque cree que "la abogacía cumple su deber cuando, aún sin participar en la litis, pone a contribución su bien intencionado esfuerzo conciliador".
Según la nota del Consejo, la abogacía está satisfecha porque los legisladores han establecido un régimen gradual de jubilación, pero teme que, "aún con ese paliativo, seguirá notándose, especialmente en los tribunales superiores, la ausencia de magistrados que en los últimos años de su vida activa tienen ya acumulada una experiencia que podría ser aprovechada".
Ciñéndose a las referidas "descalificaciones" del colectivo judicial, señala: "No resulta justo que algunos pocos casos de deficiente integridad se presenten atribuidos a todo un colectivo donde, salvo muy contadas excepciones, resplandece un gran sentido de honestidad. Tampoco es justo que se presente al cuerpo judicial como el gran enfermo de una Administración en la que otros puntos de deficiencia puedan ser objeto de la crítica y deben ser objeto de corrección". Y agrega que "también los jueces soportan las consecuencias de una minusvaloración de la justicia para la que el Estado ha empezado no hace tanto tiempo a buscar mejora".
