Los accionistas de Galerías reclaman a la Administración un 145% del valor de sus acciones

La Administración y los representantes de los accionistas privados de Galerías Preciados agotarán sin acuerdo los plazos previstos para intentar fijar un justiprecio de las acciones de la empresa. Las valoraciones de unos y otros son tan dispares que hacen impensable un punto de entendimiento. Según fuentes solventes de la Dirección General del Patrimonio, la Administración ha presentado a los accionistas privados una oferta verbal en la que fija un justiprecio por acción del 50% -en el momento de la expropiación la cotización de las acciones en Bolsa era del 28%-, mientras que los accionistas privados reclaman un justiprecio del 145%.De momento, la Administración ha contestado con el silencio administrativo a la hoja de aprecio presentada por los accionistas privados, al tiempo que éstos en una Asamblea realizada el pasado 10 de diciembre hicieron pública su postura de rechazo a la oferta de la Administración. Según fuentes de los accionistas privados, el diálogo entre las partes está roto. "La última reunión con representantes de la Administración", afirma Jesús María Agurruza, agente de Cambio y Bolsa y cabeza visible de los aproximadamente 10.000 accionistas privados de Galerías Preciados, "fue el pasado 17 de octubre". Y esta falta de diálogo parece que se prolongará hasta el momento en que el Patrimonio tenga que presentar su hoja de aprecio, plazo que expira el próximo mes de abril.

La oferta que entonces podría presentarse diferirá bastante, según la Dirección General del Patrimonio, de la presentada inicialmente. La valoración que se baraja en estos momentos no superaría en ningún caso el 20%, lo que presumiblemente obligaría a llevar el contencioso al Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, y d ahí, por previsible falta de acuerdo, al Tribunal Supremo.

La separación abismal entre la las valoraciones que hacen las partes se deben a interpretaciones distintas del mismo texto legal. Diferencias de interpretación que su pondrían, en el caso de que se hubiera aceptado la propuesta inicial de la Administración, un costo para el Estado de unos 1.500 millones de pesetas -en el momento de la expropiación los accionistas privados poseían un 22% de los 17.000 millones de pesetas del capital social de Galerías-, frente a los más de 4.500 millones que representan las aspiraciones de los privados. La Administración ha utilizado para establecer el justiprecio el resultado del valor neto contable de la empresa, ajustado con las pérdidas de los últimos tres años, criterio no compartido por los accionistas privados.