Industria endurece su postura en las negociaciones con las empresas eléctricas
El Ministerio de Industria y Energía ha endurecido su posición negociadora en las conversaciones con el sector privado para la reordenación del mapa eléctrico. Ayer, el presidente de ENDESA, Feliciano Fuster, comunicó al resto de presidentes de empresas eléctricas, en una reunión celebrada en Unesa, que el INI desea un acuerdo a largo plazo (siete u ocho años) para los contratos anuales de suministro entre ENDESA y las empresas privadas, al tiempo que ha limitado sus compromisos en la denominada operación Reunidas de Zaragoza.
La clarificación en esta línea del papel a desempeñar por el sector público en la reordenación del sector, ya anticipada por el ministro de Industria en su carta del 22 de noviembre al presidente de Unesa, supone, aparte de un endurecimiento de la postura oficial, una complicación adicional en las negociaciones eléctricas, ya que condiciona el margen de maniobra en los ajustes energéticos y financieros que se negociaban dentro del sector.Según fuentes solventes, el sector público no se considera satisfecho con la oferta de Iberduero y Fecsa de vender el 20% que estas empresas tienen en el capital de Reunidas de Zaragoza y ha insistido que el sacrificio realizado, o que ofrecen realizar, las empresas privadas es todavía insuficiente y debe ser ampliado a otras zonas, aparte de la catalano-aragonesa.
Ayer, los presidentes de las principales empresas eléctricas estudiaron las nuevas ofertas de intercambios de activos que, en reunión posterior con altos funcionarios del departamento de Industria, presentaron al ministerio. Estas ofertas incluyen, además de la ya mencionada sobre Reunidas de Zaragoza, una adicional de Sevillana de adquirir el 50% de la central térmica de Carboneras (incluyéndola en el patrimonio de ENECO, donde Sevillana tiene un 50% del capital) y firmar un acuerdo de suministro de energía con Unión Fenosa de 200 megawatios.
La oferta de venta de Reunidas llevaría implícita la compra a Fecsa por Endesa del 18% de Vandellós II y del 40% de los dos grupos de Ascó. Con ello, el Estado, vía Endesa, se quedaría de árbitro en el mercado catalano-aragonés y permitiría que el sector público se resarciera de la absorción de Hidruña por Hidrola, operación que, según algunas interpretaciones, pudo trastocar los planes originalmente previstos para el sector por Solchaga.
La nueva postura del INI sobre estas operaciones, en espera de una posterior discusión sobre los denominados flecos de la reordenación del sector en el mercado de Madrid y del Cantábrico, deja en entredicho la solución del problema catalán, clave para la continuación de las acciones emprendidas por las empresas privadas en otras zonas.
La tesis del sector público es que la operación de adquisición de activos eléctricos en Cataluña debería llevar una compensación en cuanto a mercado en la misma zona catalano-aragonesa que, en cualquier caso, no representara un desembolso económico significativo para la sociedad pública.
Respecto al mercado de Madrid, la tesis oficial es que alguna de las tres empresas que comparten la distribución de energía eléctrica en la capital (Hidrola, Unión-Fenosa e Iberduero) debería llegar a acuerdos para racionalizar el mercado, en el sentido de que el reparto quedara en manos de dos de las tres sociedades que conviven en él.
José María de Oriol, presidente de Hidrola, habría ofrecido, en un principio, a Manuel Gómez de Pablos adquirir la particpación de Iberduero (20%) en este mercado a cambio de otro en otra zona más próxima a las instalaciones de producción de la empresa vasca. Este planteamiento, sin embargo, habría experimentado modificaciones importantes en los últimos días.
Plazo hasta fin de año
Con todo, los presidentes de las empresas tienen previsto reunirse mañana, viernes, con el fin de reconsiderar de nuevo el problema ante la nueva posición del grupo público. Las compañías y el ministerio se han dado de plazo hasta el próximo 31 de diciembre para cerrar la reordenación del sector. En caso contrario, Industria ha comunicado que publicará en el BOE su orden sobre compensaciones eléctricas, tal como hayan quedado configurados los intercambios de activos en ese momento.
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