Malestar en las unidades antiterroristas de la policía

, La decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de procesar por "un presunto delito de homicidio" a los tres inspectores que dieron muerte al dirigente de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) Juan Martín Luna, recurrida ayer por el ministerio fiscal y el abogado del Estado, ha provocado un fuerte malestar en las unidades antiterroristas de la policía.Muchos funcionarios de esos grupos expresaron en las últimas horas a sus superiores, aunque de manera informal, su intención de darse de baja enlas respectivas brigadas y solicitar traslado a otros servicios.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, convocó anoche a los principales mandos policiales, aunque al cierre de esta decisión se desconocía lo tratado. En medios próximos al Ministerio del Interior no se descartaba que Barrionuevo y los mandos policiales hubieran discutido aspectos relacionados con el auto de procesamiento de estos tres policías, especialmente a tenor de la visita que en la mañana de ayer realizó a Barcelona el director general de la Policía, Rafael del Río.

Del Río sostuvo ayer un encuentro en Barcelona con el jefe superior de Policía, Agustín Linares, y con los tres inspectores procesados: David Juan León Romeo; Luis Adame Bernáldez, y Valentín Martín Cabello. El director general de la Policía, que era el máximo responsable de este Cuerpo en Barcelona el día que murió Martín Luna, fue informado del malestar reinante ayer en la policía barcelonesa a consecuencia de este triple procesamiento.

Este fuerte malestar, que se inició en la Brigada Regional de Información de Barcelona -a la que pertenecen los procesadosy se extendió, a lo largo de la mañana, a sus homónimas de Valladolid, Zaragoza y Sevilla, coincide con el segundo aniversario de la muerte de Martín Luna, que se cumple hoy.

La policía, no obstante, se encuentra en estado de alerta ante una eventual ofensiva terrorista de los GRAPO coincidiendo con este tipo de fechas, práctica que es habitual en esta organización, tal como ocurrió recientemente con el aniversario de la muerte del también dirigente -de la organización terrorista Enrique Cerdán Calixto, fallecido en enfrentamiento con funcionarios. El día del aniversario, los GRAPO perpetraron atentados en La Coruña, Madrid y Sevilla, con un resultado de dos muertos y un herido grave.

Un destacado funcionario policial, destinado en una de las unidades operativas que actúan en Madrid, manifestó ayer a este periódico que decisiones judiciales como la adoptada por la Audiencia Provincial de Barcelona "no sólo crean malestar, sino desmoralización e indignación".

Apoyo de Interior

Este mismo policía, que prefirió mantenerse en el anonimato, precisó que "así no se puede trabajar" y sugirió a las autoridades del Ministerio del Interior "que tomen más interés por el funcionario", quien, en su opinión, "se encuentra abandonado y sin ningún tipo de respaldo de la sociedad a la que sirve".

Los dirigentes de los dos principales colectivos policiales, Manuel Novás, por el Sindicato Profesional de Policía (SPP); y, Modesto García, por la Unión Sindical de Policía (USP), reiteraron, en declaraciones en Oviedo y Madrid, respectivamente, la "situación de indefensión jurídica" en la que, en su opinión, se encuentran los funcionarios, y se mostraron críticos con el Ministerio del Interior.

Novás, quien dijo que su sindicato representa al 85% de los funcionarios policiales en activo, explicó que respeta la independencia del poder judicial, pero añadió que no comparte la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de procesar a los inspectores.

"La muerte de Martín Luna se produjo en una situación límite", manifestó Novás, "cuando los compañeros intentaban detener a un terrorista que todos consideraban peligroso y que había hecho uso de armas de fuego en anteriores ocasiones", informa Miguel Somovilla desde la capital asturiana.

Por su parte, el secretario general de la USP, Modesto García, declaró que no enjuicia el procesamiento, "por el respeto que me merece el poder judicial"; y agregó que se plantean dos cuestiones: la organización de los servicios policiales y la regulación del empleo de las armas de fuego. García señaló que toda organización de un servicio como el cuestionado depende de los responsables de las diferentes brigadas o grupos policiales.