Un sindicato policial recomienda a sus afiliados no conducir automóviles camuflados

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), organización que controla el 90% de la corporación policial, "ha aconsejado a todos sus afiliados que a partir del próximo lunes no conduzcan los vehículos K (camuflados) por entender que el Ministerio, del Interior no está dispuesto a garantizar la seguridad de los funcionarios que los pilotan, especialmente ante supuestos accidentes contra personas o bienes.Según un portavoz del citado sindicato, el Ministerio del Interior se ha dirigido a esta organización y le ha comunicado que no dispone de fondos económicos para facilitar un seguro que resuelva este problema.

El citado portavoz aseguró que el SPP confía que la mayoría de los funcionarios destinados en vehículos camuflados secunden su llamada, ya que se trata de un problema generalizado y desde hace ya dos años planteado al mando policial, que, a su juicio, ha estado dando largas "con promesas que no han sido cumplidas". Añadió que el problema quedaría resuelto con un seguro de ocho millones de pesetas.

El SPP recibió el pasado 23 de febrero una comunicación, firmada por el jefe del gabinete técnico de la Dirección General de la Policía, por la que se informaba que este organismo oficial había iniciado "de inmediato las gestiones necesarias para tratar de resolver el asunto de la mejor forma posible, a fin de cubrir los riesgos complementarios no asumibles por el antiguo Fondo Nacional de Garantías", que limita la cobertura económica de supuestos accidentes.

Los responsables del SPP informaron a sus afiliados de esta promesa del mando policial, que, transcurridos nueve meses, no ha cumplido. Recientemente los responsables del SPP sostuvieron un encuentro con el subdirector general de la Policía, Pedro Julián García-Juarranz, quien solicitó un plazo de ocho días, según el portavoz citado, para resolver este asunto. El plazo se cumplió días pasados, por lo que el SPP ha decidido recomendar la no conducción de los vehículos.

Siempre según la versión sindical, el Ministerio del Interior no tiene dinero para pagar los ocho millones del seguro y ni siquiera los puede extraer de los fondos reservados o incluirlos en sus actuales presupuestos.