Socialistas y banca reaccionaron con tranquilidad, mientras la oposición de derecha se felicita por la decisión judicial

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid de consultar al Tribunal Constitucional sobre la posible anticonstitucionalidad de la ley de expropiación de Rumasa fue recibida ayer con gran satisfacción por José María Ruiz-Mateos, quien manifestó, desde Francfort, que ha recuperado la fe en la Justicia española y que se felicita por la "competencia, valentía y honradez demostradas por el juez Gil Sáez". El ahogado defensor, Crispín de Vicente, declaró que el auto suponía un gran triunfo de la Justicia y de

Estado de Derecho y se alegraba sobre todo por su cliente, José María RuizMateos, "que lleva muchos meses de amargura porque se le ha tratado muy cruelmente y esto contribuye a restaurar y a hacer más maciza su fe en la Justicia".Matías Cortés, anterior abogado defensor de Ruiz-Mateos y autor de los interdictos que han motivado el auto de ayer, declaró lo siguiente: "No me ha sorprendido la decisión del juez porque era evidente que la sentencia sobre el decreto-ley dejaba abierto el camino de la discusión de fondo del asunto y, además, porque la indefensión de los Ruiz-Mateos era tan manifiesta que, tarde o temprano, tendría que prosperar que un tribunal español pudiera estudiarla".

Los portavoces gubernamentales y del PSOE dieron ayer muestras de tranquilidad, destacaron que el auto no interfiere el proceso y recordaron que la oposición no recurrió la ley exprooiatoria, tras la sentencia sobre el decreto-ley. En cambio, la banca prefirió guardar silencio y la oposición de derecha se felicitó por el nuevo giro de los acontemientos, destacando que ello no afectará a los compradores de empresas, sino que, en su caso, encarecerá la indemnización.

Eduardo Sotillos, portavoz del Gobierno, recordó la existencia de dos recursos de amparo ya presentados ante el Tribunal Constitucional por parte de los abogados defensores de RuizMateos, y señaló que no había preocupación de fondo sobre que la decisión del juez pudiera repercutir sobre el Gobierno. Para Sotillos, se mantiene la plena convicción de la constitucionalidad de la ley.

Pedro Bofill, portavoz de la ejecutvIa federal del PSOE, destacó que la decisión del juez entra dentro de la práctica normal de todos los abogados de recurrir a todos los procedimientos legales posibles para defender a sus clientes y que, al tiempo, refleja la seguridad del sistema judicial español, que es acorde con la existencia de un Estado de Derecho. Recalcó la tranquilidad existente ante el hecho de que ningún grupo político discutiera la posible no constitucionalidad de la ley de expropiación.

Un portavoz de la Asociación Española de Banca Privada señaló que "los bancos compradores de instituciones financieras de Rumasa no tienen nada que decir porque no les concierne, ya que han comprado las acciones de esos bancos al Patrimonio del Estado, quien responde plenamente del saneamiento y evicción de los mismos".

José Antonio Segurado, presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM), señaló que se alegraba "mucho de la decisión, porque permite reforzar las garantías detodo el problema y va a propiciar que el Tribunal Constitucional vea la cuestión desde un prisma nuevo".

El presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, Alfredo Molinas, declaró que "creo que esto es una demostración de que estamos en un Estado de derecho y cada ciudadano puede recurrir a la justicia en la defensa de lo que considera sus derechos".

Reacciones de la oposición

Por el Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, autor y primer firmante del recurso anteel Tribunal Constitucional que suscitó la sentencia de éste sobre el decreto-ley, 1a decisión del juez es perfectamente lógica, porque la sentencia del alto tribunal no entró a juzgar la constitucionalidad o inconstitucionafidad de la ley expropiatoria, sino que incluso recordaba que no entraba a pronunciarse sobre algunos aspectos luego contenidos en la ley porque la misma no había sido recurrida".

Precisó Ruiz Gallardón que los diputados de su grupo no recurrieron luego la ley porque no pretendieron defender los intereses de los afectados por la expropiación, sino aclarar si podía ha cerse por ley o por decreto-ley "Ahora, el Tribunal Constitucional tiene oportunidad de pronunciarse sobre todo el contenido del instrumento expropiatorio y no sólo sobre las cuestiones formales. Desde el punto de vista político ello tiene gran transcendencia y puede desgastar más al Gobierno".

En nombre del Partido Demócrata Popular, José Luis Ruiz Navarro, dijo que esto "demuestra una vez más la precipitación, inmadurez, abuso de derecho e inconsistencia de la Administración socialista, que ocupó los bienes sin previa declaración de utilidad pública".

Para el Partido Comunista de España "se trata de un nuevo intento efectista de los defensores ,de José María Ruiz-Mateos".