Fracisco Puero Otero

, un sevillano nacido en 1946, quedó mudo de espanto cuando al recoger su certificado de antecedentes penales se encontró, con que la funcionaría te ponía delante de su cara aspectos del pasado que él consideraba archivados en el recuerdo histórico y asumidos como acontecimientos íntimos. Pero no, sus antecedentes penales-políticos persistían en la hoja oficial que tenía delante y no pudo evitar cierto sentido del ridículo ante la brutalidad de los datos del Registro Central de Penados y Rebeldes, que evocaban simplemente que en 1972 y en 1974 respectivamente había sido condenado por la Audiencia Nacional, en causa seguida por el Tribunal de Orden Público, por delitos de propaganda ilegal y de asociación ilícita -situaciones cotidianas y al alcance de cualquiera desde hace unos años- por los que a Puerto Otero lo condenaron a un año y cinco meses de prisión menor. Pero el desasosiego se convirtió en regocijo cuando el aludido descubrió una segunda hoja oficial en la que se le advertía: "Si desea que los antecedentes que figuran en este Registro le sean. cancelados, solicítelo rellenando el impreso adjunto, con la correspondiente póliza". O sea, se dijo Francisco Puerto, además del susto gratuito que sufre el ciudadano anatematizado por el franquismo, debe purgar su culpa democrática pagándola con pólizas.