Uno de los autores de la matanza de Atocha, designado 'preso de confianza' en el Hospital Penitenciario de Madrid

El ultraderechista José Fernández Cerrá, uno de los dos autores materiales del asesinato de cinco abogados laboralistas en un despacho de la calle de Atocha, de Madrid, perpetrado en la noche del 24 de enero de 1977, goza de un destino de confianza en el Hospital Penitenciario de Madrid, adonde fue trasladado el pasado mes de mayo para una intervención quirúrgica en una pierna. Sin embargo, Fernández Cerrá, por razones que se desconocen, permanece aún en dicho centro penitenciario, cuya junta de régimen le designó recientemente "auxiliar del jefe de servicios". El Hospital Penitenciario ha estado considerado tradicionalmente como un lugar cómodo para presos privilegiados.

Fernández Cerrá, en compañía de un reducido grupo de reclusos, protagonizó el pasado domingo en dicho centro penitenciario "una exaltación fascista", con gritos como "Teníamos que haber matado a más gente", en el curso de la proyección de la película Siete días de enero (basada en parte en la matanza de Atocha), del director Juan Antonio Bardem, emitida por el segundo canal de Televisión Española, informaron fuentes de los funcionarios.Al contrario que al resto de los reclusos internados en dicho centro, que no tuvieron oportunidad de presenciar la película hasta el día siguiente, grabada en vídeo, la dirección del Hospital Penitenciario permitió que un determinado grupo de presos, entre los que se encontraba Fernández Cerrá, pudiera verla en directo, a pesar de que su emisión se realizó en horas del descanso nocturno, lo que infringe las directrices penitenciarias.

La facilidad de movimientos de Fernández Cerrá, condenado a 193 años de prisión, confirma las fuertes irregularidades que se están observando en torno a la población penal de extrema derecha, cuatro de cuyos miembros (David Fernández Loza, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto Díaz, implicados en el asesinato de Yolanda González, y Ángel Blanco Férriz, condenado por el atentado de la revista El Papus) fueron rebajados recientemente a la mínima categoría penitenciaria por los jueces de vigilancia (control judicial de penados), en contra de la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

El hecho de ser rebajados de segundo a tercer grado les permite acogerse al sistema de régimen abierto (excarcelación temporal) o libertad condicionada. Esta medida ha causado fuerte preocupación en Instituciones Penitenciarias, ya que es el juez en última instancia el que decide la situación de los penados, por lo que no se puede recurrir. Fuentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias manifestaron que, no obstante, las relaciones entre el Ministerio de Justicia y los jueces de vigilancia "siguen siendo cordiales".

Beneficios también en Zamora

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidió hace unos meses concentrar a todos los presos de extrema derecha, "por razones de seguridad y convivencia", en una misma prisión, para lo que se habilitó la de Zamora, que con anterioridad albergaba a los penados de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Igualmente acordó, en contra de las observaciones de algunos centros, no rebajar la clasificación penitenciaria a ninguno de estos presos, especialmente cuando existe el precedente de la fuga de Fernando Lerdo de Tejada, implicado en la matanza de Atocha, que, aprovechando un permiso de excarcelación temporal otorgado por el juez Rafael Gómez Chaparro, huyó de España en abril de 1979, sin que se conozca su paradero.

Precisamente José Donato Andrés Sanz, juez de vigilancia de Valladolid, que tiene competencias sobre la prisión de Zamora, acordó recientemente, previo recurso, que una mayoría de los 15 ultraderechistas que están concentrados en dicha prisión abandonara el régimen de clasificación (separación) y pudiera convivir con el resto de la población reclusa, en su mayoría presos comunes.

Los presos que se han beneficiado de la resolución judicial y han abandonado este régimen de clasificación son Ignacio María Iturbide Alcaín y Ladislao Zabala Solchaga, condenados como autores de varios asesinatos reivindicados por el Batallón Vasco Español (BVE); Rafael Gómez Álvarez y Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata, condenados a 97 y 71 años de prisión, respectivamente, por una serie de delitos, entre ellos la carta bomba enviada a EL PAÍS -que provocó la muerte del empleado Andrés Fraguas-, y Eduardo Rábena Valdivia, dirigente del Frente de la Juventud.

También se han beneficiado de esta situación Emilo Hellín Moro e Ignacio Abad Velavázquez, autories materales de la muerte de Yolanda González; Carlos García Juliá, coautor de la matanza de Atocha; Eduardo Minteguiaga Ambrona, implicado en el asalto al bar San Bao de Madrid; Juan José Bosch Tapies, condenado por el atentado contra la revista El Papus.