El Gobierno y los bancos, dispuestos a reducir los tipos de interés

La Administración y los bancos y cajas de ahorro consideran se empiezan a dar las condiciones para que el coste del dinero empiece a reducirse de forma clara. Es cuestión de tiempo -afirman- que ello se materialice. Lo que les diferencia en la actualidad es el momento y por dónde se comienza. La Administración sostiene que deben ser las operaciones de activo de los bancos y cajas de ahorro las que primero tienen que reducir sus costes. Los bancos piensan que la retribución de los depósitos -empezando por la de los pagarés del Tesoro- debe ser el punto de partida.Los últimos días han sido pródigos en declaraciones sobre la necesidad de alcanzar un pacto financiero, como lo definió José Ángel Sánchez Asiaín, presidente del Banco de Bilbao ante la junta general de accionistas. El ministro de Economía, Miguel Boyer lo ha reafirmado y Mariano Rubio, subgobernador del Banco de España, lo volvió a señalar en Santander hace unos días.

Las razones que avalan la posibilidad de lograr una reducción sustancial en los tipos de interés del dinero son varias. Por una parte, se estima que la inflación está empezando a ceder de forma clara, y que lo hará más rápidamente en los próximos meses. Ello implica que el coste del dinero debe flexionar a la baja para que el interés real -diferencia entre los tipos nominales y la inflación- permanezca igual. En segundo lugar, la situación de la balanza de pagos muestra una mejora notable, que permitiría unos tipos de interés más bajos, aunque ello significara un crecimiento menor del nivel de reservas e incluso una relativa pérdida de divisas. El único problema que aún subsiste es saber si la Administración será capaz o no de contener las tendencias crecientes del déficit público.

El Ministerio de Economía y el Banco de España consideran que con estos datos los bancos y las cajas de ahorro tienen que empezar a modificar a la baja los tipos de interés de sus operaciones de activo (créditos concedidos). De hecho -señalan-, ya se están produciendo dos situaciones que pronostican que los tipos bajarán. El importante auge de las exportaciones españolas durante los primeros meses del año ha generado un exceso de liquidez en las empresas españolas que se ha destinado a aumentar la autofinanciación de las mismas -su tasa era muy baja- , lo que ha deprimido la demanda de crédito del sector privado.

La liquidez del sistema financiero, que ha permitido una reducción en los tipos del mercado interbancarlo hasta situarlos en el 13%, favorece un mayor nivel inversor de la banca, extranjera -que toma sus recursos en este mercado para prestarlos- y una reducción en los tipos de interés medios de estas operaciones. Como quiera que la tendencia del interbancario va a seguir siendo la actual, la banca española tendrá que empezar a ir modificando la estructura de sus préstamos, haciéndolos girar más sobre el interbancario, lo que acabará influyendo también en las operaciones con tipos de interés fijos.

La banca, que no niega ninguno de estos hechos, considera que debe ser el Estado el que dé el primer paso. En función de ello, el presidente del Banco de Bilbao solicitó la semana pasada la consecución de un pacto financiero en el que el Estado definiera sus necesidades para los próximos años y se estableciera un precio para financiar este déficit. Rafael Termes, presidente de la AEB, reconoció que se habían mantenido algunas reuniones con el Banco de España y la Dirección General del Tesoro para alcanzar estos acuerdos.

En opinión de la banca, el Tesoro, que necesita obtener importantes recursos financieros a través de los pagarés, debe reducir el precio al que esté dispuesto a tomar este dinero, iniciándose así una baja general de los precios de pasivo. En el fondo, esta posición defiende, además, una estabilidad en la estructura de distribución del ahorro interno. Está en juego hacía dónde va el dinero de los ahorradores: si hacia el Estado o se mantiene en los bancos y cajas de ahorro. Los resultados, al final, deberían ser los mismos, aunque en el primer caso la Administración tendría mayor capacidad de decisión sobre el coste de la financiación de su déficit y en el segundo estaría un poco más sujeta a las entidades privadas de crédito.