Constitución y déficit
La función parlamentaria de contención del gasto público es más o menos eficaz según los países y los tiempos; pero su decadencia se generaliza a partir del último tercio del siglo XIX y se acelera desde el final de la segunda guerra mundial. Por ejemplo, en España los gastos de las Administraciones públicas representaban en 1900 el 8% del producto interior bruto; en 1975, el 24%, y en 1982, el 36%. En otros países se han alcanzado porcentajes más altos, si bien el incremento no ha sido tan brusco como en España durante el período del cambio político. Los Parlamentos contemporáneos, lejos de reducir el gasto público, han sido los protagonistas de su progresión casi exponencial. ¿Por qué? Hay un hecho muy revelador: a medida que las asambleas se democratizan disminuye su capacidad moderadora de la presión tributaria, y la introducción del sufragio universal imprime un ritmo todavía más rápido al proceso.Los partidos y el gasto público
Esta correlación se produce porque la extensión del derecho de voto y el fortalecimiento de los partidos modifica esencialmente los términos de la representación política. Los diputados de la nobleza y del clero protegían su propio peculio al negarse a las subidas fiscales, y los procuradores de las ciudades defendían su cargo y la fidelidad a su mandato al oponerse a nuevos impuestos sobre sus conciudadanos. Además, los destinatarios de los fondos públicos eran, básicamente, la Corona, la pequeña minoría de los funcionarios y el Ejército; es decir, que los gastos del Estado no revertían sobre la gran masa de los contribuyentes.
Los protagonistas reales de los Parlamentos actuales son los partidos, y éstos no son entes perfectos que se ajustan a un ideal, sino sujetos sociales que tienden a maximizar la propia utilidad política de sus decisiones, es decir, a robustecer su poder. Este intrínseco dinamismo les lleva a incrementar el gasto público por los motivos siguientes: 1) Cuanto mayor sea la participación del Estado en la economía, más extensa será el área de acción de la clase política. 2) Cuanto más elevadas sean las disponibilidades crediticias, más numerosas serán las posibilidades de ampliar la clientela política, favoreciéndola con empleos y transferencias. 3) Cuanto más cuantiosos sean los recursos públicos, habrá más margen para hacer concesiones económicas a otros partidos con el fin de recabar su abstención o su apoyo.
La tendencia a multiplicar su poder por la vía de ganar electores lleva a los partidos a aumentar el gasto público, pero de manera que sus votantes sientan lo menos posible la presión fiscal. Y con este objeto se tiende a utilizar las recetas siguientes: 1) La imposición progresiva para que las masas crean que sólo van a contribuir los ricos. 2) La emisión de deuda pública interior y exterior sustitutoria de nuevos impuestos. 3) La creación de dinero a través del banco emisor, que es lo que el vulgo denomina "la fábrica de billetes", aunque dichos medios de pago no sean tanto circulación fiduciaria cuanto créditos al Tesoro. Y 4) La inflación, que es una tasa, difusa, disfrazada y, además, desigual, porque grava especialmene a los que tienen ingresos fijos dinerarios, es decir, a los asalariados, los ahorradores y los pensionistas.
Estos dinamismos se reflejan con nitidez aritmética en la tendencia de las democracias parlamentarias multipartidistas al déficit presupuestario, a la inflación y al endeudamiento. En España el déficit fue de 34.000 millones en 1978; de 142.000, en 1979; de 327.000, en 1980; de 650.000, en 1981; de 900.000, en 1982; de un billón 300.000 millones, en 1983, y superará el billón 700.000 millones en 1984. El déficit es un mal general de las democracias partitocráticas; pero en 1984 el promedio del déficit de los siete grandes países industriales (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón) será del 3,8% del producto interior bruto, mientras que el de España oscilará en torno al 6,8%, casi el doble.
Inflación y endeudamiento
En cuanto a la inflación, que está siendo el síntoma más combatido por su espectacular incidencia negativa en el equilibrio económico, la media de los países de la OCDE fue de 9,7 entre 1976 y 1981, de 7,8 en 1982 y de 5,5 en 1983; las respectivas cifras españolas para esas mismas fechas se aproximan al doble: 18, 14 y 12,2.
Respecto al endeudamiento (deuda interior y exterior, pagarés del Tesoro y recurso al Banco de España), los números son también crecientes: 34.000 millones en 1978, 142.000 en 1979, 327.000 en 1980, 650.000 en 1981, 900.000 en 1982 y un billón 300.000 millones en 1983. La deuda exterior de algunas democracias ha alcanzado cifras muy elevadas en términos absolutos y relativos; por ejemplo, México, 63.000 millones de dólares, y Venezuela, 28.000. España debe 30.000 millones de dólares, la mayor parte por préstamos concertados después de 1977.
El déficit presupuestario entraña retraimiento de la inversión privada por alza de los tipos de interés y absorción estatal de ahorro, descenso de la productividad por incremento del gasto consuntivo, aumento de la inflación, desempleo, devaluación de la moneda, endeudamiento y, en definitiva, empobrecimiento social e hipoteca del futuro. Como acaba de afirmar el profesor Rojo, director de estudios del Banco de España, "el déficit público amenaza con bloquear el desarrollo económico del país". La democracia parlamentaria se encuentra ante el dilema de que fracase su modelo económico o de frenar el déficit. Esto último sería utópico esperarlo del triunfo universal de filantrópicos partidos liberales. La solución tendría que ser una norma jurídica del más alto rango, que limitara el poder parlamentario y gubernativo para endeudarse y para crear dinero inflacionista. Éste es el tema al que ha dedicado notables esfuerzos teóricos la escuela del public choice, y especialmente uno de sus portavoces, el economista norteamericano J. M. Buchanan, autor de media docena de importantes libros entre los que destacan The calculus of consent (1962) y Democracy in deficit (1977).
Autofagia financiera
La democracia parlamentaria camina hacia su autodestrucción si no racionaliza su potestad financiera. El proceso de autofagia se cumple simultáneamente en dos líneas paralelas: el empobrecimiento y la progresiva estatización de la economía, que, como demostró Hayek, conduce al totalitarismo. ¿Cuál puede ser la terapéutica de esta grave dolencia? La inclusión en la Constitución de cláusulas de este orden: a) Equilibrio obligatorio de gastos e ingresos ordinarios en el presupuesto. b) Alza automática de los tipos tributarios o disminución del gasto público en caso de déficit. c) Necesaria limitación de las emisiones de deuda a inversiones extraordinarias cuyos efectivos rendimientos aseguren el pago de los intereses y amortizaciones. d) Fijación de una relación máxima entre creación de dinero por la autoridad monetaria y crecimiento de la renta nacional. e) Destino obligatorio del superávit presupuestario a la amortización de la deuda pública. Y f) Excepción en caso de guerra o de emergencia nacional aprobada por una mayoría cualificada y para un solo ejercicio.
En la Alemania de Weimar y en la Argentina reciente un millón de marcos o de pesos llegaron a ser el importe de una propina. Si se pudiera crear riqueza con una imprentilla, que es la meta de los falsificadores de billetes, el mundo sería jauja. Pero todo enriquecimiento social es fruto del trabajo intelectual y físico de los ciudadanos, y cuando se pretende sustituir ese esfuerzo por medios de pago ficticios, el sistema económico falla y, a la postre, la nación se depaupera. Y cuanto más se prolonguen las trampas financieras y contables, más costosa será la recuperación.
Hay multitud de sistemas democráticos, que van desde el presidencialismo al parlamentarismo, desde el bipartidismo al pluripartidismo y desde el centralismo al federalismo. Algunos necesitan determinadas adecuaciones a las circunstancias nacionales, pero todos requieren una reforma constitucional básica: la racionalización financiera. O el suicidio del modelo o la constitucionalización del equilibrio monetario y presupuestario. Ésa es la gran disyuntiva.
