La Junta canaria reclama mayor atención al archipiélago en el reparto de inversiones estatales

El Gobierno autónomo de Canarias ha reclamado de la Administración, cara a los presupuestos de 1985, una mayor atención en el reparto de las inversiones del Estado, al advertir un estancamiento de éstas en los dos últimos años, y en particular en las previsiones para el próximo. El Gobierno canario ha solicitado su participación directa en la financiación de obras nuevas en áreas relativas a agua y carreteras, capítulos en los que el archipiélago es la primera comunidad autónoma que ha recibido la totalidad de las competencias.Jerónimo Saavedra, socialista, presidente del Ejecutivo canario, llevó la pasada semana al ánimo del Gobierno central el estado de inquietud de la comunidad autónoma sobre algunos escollos duros que se han presentado en el proceso de transferencias: La falta de recursos procedentes del Estado para ayudar al desarrollo de una zona deprimida como la insular, la existencia de una excesiva burocratización que complica los trámites en las relaciones comerciales del archipiélago y las consecuencias de la reciente aplicación en las islas de medidas para el control de la entrada de ciudadanos africanos.

Sobre estas medidas, Saavedra propuso en una entrevista con el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, celebrada el pasado jueves en Madrid, una mayor coordinación entre los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores acerca de la llegada a Canarias de pasajeros de Africa Occidental. Según Saavedra, habría que flexibilizar la aplicación de una orden de 1982 del Ministerio del Interior, por la que se endurecen los trámites de entrada con la finalidad de controlar el tráfico ilegal de mano de obra africana en España.

Protestas

El reciente cumplimiento estricto de esta orden por parte del gobernador civil de Las Palmas, Bertín del Pozo, en puertos y aeropuertos canarios provocó la protesta de sectores económicos y políticos, temerosos de represalias de los países africanos, con los que las islas mantienen buenas relaciones comerciales.

En algunos medios, la orden gubernativa fue calificada de racista (ver EL PAÍS de 13 de marzo). El consejero de Economía y Comercio del Gobierno autónomo, Rafael Molina, tuvo que llamar el martes pasado a los representantes consulares de nueve países africanos en el archipiélago para pedirles disculpas por la decisión del gobernador. Éste mostró su sorpresa por la actitud del Gobierno canario, ya que el tema es competencia exclusiva de la Administración general del Estado, y negó que se tratara de una discriminación racial.

Saavedra ha pedido ahora al vicepresidente del Gobierno que España nombre vicecónsules honorarios para la concesión de visados en aquellos países de África donde no tenga embajadas. Entre ellos, Angola, Benin, Gabón, Niger, República Centroafricana, República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Guinea-Bissau.

Por otra parte, el presidente del Gobierno canario ha solicitado de la Administración central que el archipiélago se convierta en el marco de una experiencia piloto para la reforma de la Administración pública, que permita la eliminación de inspecciones superpuestas en la entrada y salida de mercancías.