Conmoción en el Reino Unido por la condena de 6 meses a una funcionaria que filtró información a un periódico

Sarah Tisdall, la joven funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores británico que envió anónimamente al diario The Guardian un documento anunciando la llegada de los misiles de crucero, ha sido condenada a seis meses de cárcel. La sentencia ha conmovido los ambientes culturales, políticos y sindicales del Reino Unido. The Guardian califica la sentencia de salvaje, injusta y desproporcionada, y admite en un amargo editorial su parte de responsabilidad por no haber destruido el documento tras su publicación.

La Unión Nacional de Periodistas acusó al diario de "traicionar la ética periodística", punto de vista compartido por la Campaña para la Libertad de la Prensa e Información. El Consejo Nacional para la Defensa de las Libertades Civiles calificó a Sarah Tisdall de "víctima de nuestra in capacidad para aclarar qué es la libertad de información". "Hoy es uno de los días más tristes para la libertad de prensa en este país desde hace décadas", afirmó el secretario general del consejo, Larry Gostin.La dureza de la sentencia cogió completamente desprevenido a todo el mundo, incluida la propia procesada, que había permanecido hasta entonces en libertad y que fue trasladada inmediatamente a la prisión de mujeres. Tisdall parecía anonadada El portavoz de Defensa del partido laborista criticó la decisión del juez: "Es extraordinario que se envíe a la cárcel a una joven que no ha puesto en peligro la seguridad del Estado, como reconoce el propio tribunal, cuando en este país se perdona a quienes lo han traicionado", alusión directa al perdón ofrecido por el Gobierno a Anthony Blunt, el consejero real que espió a favor de la Unión Soviética.

El director de The Guardian Peter Preston, declaró que se sentía "amargado, triste y destrozado". El periódico publicó ayer dos páginas completas explicando el desarrollo de los acontecimientos y su propio proceder. En un breve artículo personal, Preston reconoce que él y su equipo de dirección se equivocaron.

"Mucha gente nos pregunta, ¿por qué no destruyeron el documento si sabían que podía identificar a la fuente? Porque al principio no nos dimos cuenta del peligro. Porque estábamos impresionados por el consejo de los abogados, que nos decían insistentemente que sería equivocado destruirlo. Porque nunca supimos quién nos había enviado el documento, ni tuvimos contacto personal con la fuente. Porque siempre hemos creído que cuando existe una ley hay que usarla, y porque creíamos que en este caso concreto la ley permitiría una defensa específica. Hemos cometido, lo sabemos, algunos errores serios. Ésta es una lección dolorosa que permanecerá con nosotros y de la que estamos resueltos a aprender".

Un editorial

En el editorial, The Guardian arremete contra el juez que impuso la sentencia y que afirmó que "en estos tiempos es necesario dejar bien claro que cualquier persona que filtre información confidencial no se librará de cumplir una sentencia en prisión, aunque crea muy honestamente que no ha perjudicado el interés del país"."Cuando el juez Cantley dice en estos tiempos", afirma el periódico, "se refiere a esta época en la que tenemos un Gobierno obsesionado por la lealtad". Sarah Tisdall no habría sido encarcelada en Estados Unidos, donde existe una ley que la hubiera protegido, añade el diario. La funcionaria, que tiene 23 años, no se ha beneficiado siquiera de su inexperiencia e inocencia, prosigue The Guardian, que alude malintencionadamente al hijo de la propia primera ministra, 10 años mayor e implicado en un desagradable asunto de comisiones. "Sarah Tisdall ha sido sentenciada para dejar claro que en estos tiempos el interés público debe ser el mismo que el del Gobierno de turno", dice el editorial.

Tisdall fotocopió dos documentos del Ministerio de Defensa y los envió anónimamente a The Guardian. En uno de ellos el ministro Michael Heseltine explicaba que los misiles de crucero llegarían al Reino Unido el primero de noviembre de 1983 y en el otro daba algunas indicaciones sobre las medidas de seguridad adoptadas en la base de Greenham Common, que iba a albergar los nuevos cohetes nucleares.

El segundo documento fue destruido sin publicarlo, porque The Guardian estimó que podía ser peligroso, pero el primero apareció íntegro. Pasaron tres semanas antes de que el Ministerio de Defensa iniciara una acción judicial para recuperar el informe. The Guardian era consciente de que el documento denunciaría a la fuente, porque llevaba una inscripción a mano en una de las esquinas, pero no supo reaccionar a tiempo y destruirlo antes de que se le exigiera la devolución. Finalmente, una orden judicial le conminó a entregarlo. Peter Preston pensé entonces destruirlo, pero renunció.

Otra posibilidad habría sido no destruir el documento, pero retenerlo hasta que la Cámara de los Lores examinara el recurso presentado. En este caso, explica The Guardian, el periódico habría tenido que pagar multas diarias muy elevadas.