Una auditoría oficial revela una situacion de caos y falta de seguridad en los aeropuertos

Los aeropuertos españoles, con unas pérdidas de 14.550 millones de pesetas en el trienio 1980-1982, son un auténtico caos administrativo y adolecen de graves deficiencias en sus sistemas de salvamento, extinción de incendios, personal auxiliar sanitario y análisis preventivo del estado del pavimento de las pistas, según ha puesto de manifiesto una auditoría realizada por la Intervención General del Estado.En seguridad, la media de edad de los bomberos es de 49 años, los vehículos son antediluvianos (en Barajas sólo funcionaba uno al realizarse la auditoría), el personal de ambulancias no tiene nociones de primeros auxilios y la señalización de pistas es defectuosa.

El Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales (OAAN) se creó hace 20 años a partir de la Junta de Aeropuertos, con una dependencia de la Subsecretaría de Aviación Civil (que hasta su desaparición estuvo encuadrada en el Ministerio del Aire). Hoy, pese a su carácter de organismo autónomo y su adscripción civil al Ministerio de Transportes, buena parte de las funciones esenciales para una buena gestión y explotación de los aeropuertos sigue encomendada a otros departamentos de la Administración.

Una contabilidad (calificada por los auditores de "rudimentaria", "escasamente fiable" y "con alto riesgo de fraude") en la que no se tienen en cuenta para nada aspectos patrimoniales (cuando el patrimonio de aeropuertos es, como mínimo, de 50.000 millones de pesetas), una oficina de recaudación que se entera por los propios clientes de deudas que no tenían registradas, inversiones onerosas e inútiles (cambios en la remodelación del aeropuerto de Palma o la instalación de una pasarela en Barajas que no puede utilizarse por impedir el acceso a otras), constituyen algunos de los despropósitos desvelados por los auditores.

Otra anomalía es la fijación de tasas al margen de la legislación general y su aplicación caprichosa y discriminatoria en algunos casos (el hotel Alameda, situado en los terrenos del aeropuerto madrileño de Barajas, paga 16,5 millones de pesetas anuales, cuando con la mínima tarifa por metros cuadrados ocupados debería pagar 40,1 millones).

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