El Gobierno estudia hoy la expropiación urgente de 16 viviendas de promoción pública vendidas ilegalmente en Madrid

El Consejo de Ministros que se celebra hoy estudiará la aprobación, a propuesta del ministro de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), de un expediente de expropiación, con carácter de urgencia, de 16 viviendas de promoción pública construidas en Madrid y que fueron vendidas ilegalmente por sus adjudicatarios antes de convertirse en propietarios de las mismas. Las personas que compraron estos pisos se quedarían, por tanto, teóricamente sin las cantidades entregadas y sin la vivienda. La Delegación Provincial de Madrid del MOPU ya tiene prácticamente ultimados otros 110 expedientes para los que se solicita la expropiación. Según declaró ayer José Paniagua, subdelegado provincial, ésta es la primera vez que se hace uso, en Madrid al menos, de la Ley 24/1977, de 1 de abril, sobre incumplimiento de la función social de las viviendas públicas.

La expropiación se basa en la citada ley, que señala que las viviendas de promoción pública, promovidas directamente por la Administración, deben ser ocupadas exclusivamente como domicilio habitual del adjudicatario, sin que puedan ser vendidas o cedidas por aquél hasta que hayan pasado cinco años desde su recepción y el beneficiario haya satisfecho el importe total del precio estipulado, sensiblemente más bajo que el de la media de las viviendas del mercado libre. La venta de viviendas de promoción pública, según la misma ley, está tipificada como infracción muy grave.José Paniagua añadió ayer que en estos 16 casos de expropiación presentados a la aprobación del Consejo de Ministros no hay duda alguna de que sus adjudicatarios consiguieron las viviendas con el exclusivo fin de especular con ellas. Un caso concreto, por citar un ejemplo, es el de Felipe Suárez Vargas, quien recibió una vivienda de promoción pública en diciembre de 1981 y la cedió -eufemismo que figura en el contrato de compraventa- en febrero del año siguiente a Ciro Castro Acevedo. En los 16 casos se ha comprobado que los compradores de las viviendas son personas que disponen de un cierto nivel de rentas, lo que les excluye de ser beneficiarios de las viviendas de promoción pública, reservadas para familias que por sus propios medios no podrían acceder a una residencia de estas características.

La investigación sobre estos 16 casos comenzó a fines del verano del año pasado. Las averiguaciones desembocaron en otros tantos expedientes sancionadores, con multas de un millón de pesetas para cada una de las personas que cedieron las viviendas recibidas de la Administración. Ninguna de esas 16 personas ha podido ser localizada, ya que, una vez abandonado ese domicilio, se ignora su paradero.

El mayor perjuicio, por tanto, lo sufren las personas que adquirieron los pisos, mediante un contrato de compraventa y carecen de escritura de propiedad de los mismos. Teóricamente han perdido las cantidades que presumiblemente pagaron a sus presuntos benefactores y deberán abandonar la vivienda expropiada. Los 16 pisos que serán expropiados están situados en las siguientes direcciones: en la calle del Crisito de la Victoria (cerca de Marcelo Usera), bloque 29, los pisos 2º I y 4º B; bloque 51, piso 1º D; bloque 129, pisos 2º B y 1º D; bloque 134, piso 1º D; bloque 161, piso 1º I; bloque 197, 1º D; bloque 203, piso 1º I; bloque 207, piso 4º I, y bloque 211, piso 1º I. En la calle de Braille, cercana a la estación de metro de Fuencarral, las viviendas motivo de expropiación están situadas en los bloques C-8, piso 4º B, y C-11, pisos B y D. Por último, las dos viviendas situadas en la colonia Marquesa de Amboage, en el bloque 4, portal 11.

José Paniagua matizó, sin embargo, que la delegación no puede perder de vista la condición social de los compradores de viviendas. "En los casos en que una familia haya conseguido un piso de promoción pública por medios irregulares, como pueda ser la compra u otros sistemas, tendremos en cuenta si su actuación ha venido motivada por una necesidad real. Si esto se comprueba, la delegación intentará por todos los medios regularizar su situación, de forma que puedan continuar habitándola, ya sin problemas, o se optará por facilitarle otras".

600 millones de ahorro

Desde principios de 1983, la Delegación Provincial de Madrid ha conseguido recuperar alrededor de unas 200 viviendas que se encontraban vendidas ilegalmente, o desocupadas por sus teóricamente necesitados adjudicatarios, o alquiladas a terceros.Dichas viviendas han sido adjudicadas de nuevo a otras tantas familias, de las muchas que figuran en las listas de la delegación a la espera de conseguir un piso. "Recuperar 200 viviendas significa", añadió Paniagua, "que el Ministerio se ha ahorrado la construcción de una nueva promoción. Calculando en unos tres millones el coste medio de construcción de cada piso, se deduce que hemos ahorrado unos 600 millones, que pueden ser invertidos en nuevas viviendas".

Por otra parte, la delegación ha comenzado nuevas inspecciones en Aranjuez, donde se revisarán 1.200 viviendas de la colonia de promoción pública Las Aves, así como en Torrejón de Ardoz, donde los inspectores están actualmente comprobando si las personas que habitan las promociones de Barrio Verde, La Veredilla y Las Fronetaras, unas 3.000 viviendas en total, son efectivamente aquéllas a quienes fueron adjudicadas en su día.