"La obsesión del PNV por el electorado radical le ha hecho perder la oportunidad de encabezar al 80% de los vascos"

Pregunta. La creación de la figura del delegado del Gobierno fue acogida con reticencias por amplios sectores de la sociedad vasca, que vieron en el nuevo cargo un instrumento virreinal de control de la Administración autónoma. ¿Se ve usted como un fiscalizador del Gobierno vasco? ¿Seguirá siendo necesario un delegado si el lendakari fuera, por ejemplo, Txiki Benegas?Respuesta. La función del delegado es la de representar dignamente al Estado en Euskadi y a los vascos ante la Administración central. A mi juicio, es una institución necesaria en el marco del modelo autonómico en su conjunto. Por una parte, el delegado coordina los servicios y actividades de competencia estatal; es decir, aquellos que, de acuerdo con el estatuto y, la Constitución, no serán transferidos. Por otra parte, el delegado es responsable de la coordinación, en el sentido de mutua colaboración, entre las dos administraciones.

Así, por ejemplo, si se trata de poner en pie un plan de modernización de un determinado sector industrial, en el que se invertirán fuertes sumas de dinero público, esa coordinación debe evitar contradicciones o duplicidades entre los proyectos generales del Estado y el plan concreto que aplique cada comunidad autónoma; pero no se trata de fiscalizar, sino de favorecer la cooperación mutua. Desde el punto de vista del ciudadano, la delegación es el cauce necesario para resolver sus problemas específicos con la Administración central.

Si Benegas, como usted dice, fuera lendakari, es posible que la pertenencia a un mismo partido facilitase la relación entre las dos administraciones, pero eso no eliminaría la necesidad del delegado porque no elimina la necesidad de coordinación.

P. Pero cuando dice usted que con Benegas en Ajuria Enea la relación sería más fácil, ¿no se está insinuando una especie de chantaje? ¿No se está dando a entender que, en esa hipótesis, las transferencias, por ejemplo, se acelerarían? Es decir, que Madrid sería más generoso si aquí mandasen los socialistas.

R. En mi opinión, y ya que usted saca el tema de las transferencias, el ciudadano saldría beneficiado de una actitud más pragmática y comprensiva de los problemas del conjunto de España por parte del Gobierno vasco. La diferencia no estaría, pues, en una mayor o menor generosidad del Gobierno central, sino en un planteamiento más realista de la Administración autónoma, que facilitaría la relación y beneficiaría la agilidad del proceso de distribución territorial del poder. Y de esa agilidad se beneficiaría el ciudadano.

P. Finalizada la legislatura iniciada en 1980, ¿qué valoración le merece la gestión del Gobierno Garaikoetxea? ¿Comparte los reproches de los parlamentarios de su partido cuando acusan al PNV de haber sido incapaz de llegar al menor acuerdo con la oposición?

R. Yo creo que el consenso fundamental existe: está en la aceptación generalizada de la vía autonómica. Lo que ocurre es que el PNV tiende a analizar los problemas desde una idea del mapa político vasco que no corresponde a la realidad. Que ellos son el centro equilibrador de dos tendencias contrapuestas, el independentismo radical y violento y el centralismo a ultranza. Y ésa no es la realidad. Aquí hay un gran bloque, mayoritario, que el PNV podría y debería liderar, que es el de quienes aceptan la vía autonómica y sus instituciones, y una minoría que rechaza el Estatuto, llama Gobierno vascongadillo al Ejecutivo de Vitoria y niega toda representatividad al parlamento autónomo.

El PNV no ha sido capaz de asociar al proyecto de construcción política de Euskadi a estas otras fuerzas partidarias de la autonomía y de un encaje coherente de la comunidad vasca en el conjunto institucional del Estado. Su obsesión, en el fondo carente de realismo, por recuperar al electorado abertzale radical le ha hecho perder la oportunidad histórica de ponerse a la cabeza, no ya del 25% o el 35% de la población, sino del 80% o 90% de los vascos, partidarios de la autonomía y en el fondo cansados de esta permanente tensión, percibida en general como un tanto artificial, con el Gobierno y las instituciones del Estado.

P. Todo el mundo parece estar de acuerdo en admitir que el gran reto de los próximos años será, en el País Vasco, el de la reconversión industrial. ¿Cómo ve usted el problema?

R. En mi opinión, y pese al tono dramático de algunas declaraciones, el reto de la autonomía política vasca, pendiente desde hace 150 años, está, si no resuelto, bien encauzado. Para que se consolide, es preciso que antes de, digamos, 1990 quede encauzado el otro gran reto, el de la modernización del aparato productivo vasco, claramente obsoleto hoy. Ese reto requiere una respuesta colectiva con el Gobierno vasco a la cabeza de la sociedad civil, es decir, de sus instituciones políticas, asociaciones gremiales y sindicales, intelectuales, universidad, medios de comunicación.

Dejando de momento al margen las responsabilidades, mi opinión es que esta necesaria concienciación social y ciudadana no existe, que vamos mal, con mucho retraso. Dos tercios de la población, según un estudio reciente, considera inevitable la reconversión y, en general, la gente parece dispuesta a asumir la cuota de responsabilidad y sacrificios que comporta, pero a la hora de la verdad falta el compromiso específico de cada sector concreto. Hay, sin duda, un problema de corporativismo, pero quizá también de falta de liderazgo, aunque los próximos meses serán decisivos en este terreno.

El Estado va a invertir en tres o cuatro años 310.000 millones de pesetas en la modernización de Euskadi. Una utilización racional de esos recursos exige un compromiso pragmático de todas las partes, de las dos Administraciones en primer lugar, pero también de las patronales y los sindicatos y de los partidos entre sí.

P. Algunos intelectuales vascos, como, por ejemplo, Juan Aranzadi, consideran que el problema de la violencia política sólo podrá resolverse en Euskadi cuando la responsabilidad plena del orden público esté en manos del Gobierno vasco, como única institución pública con un suficiente nivel de legitimación popular. ¿Cómo enjuicia usted este problema? ¿En qué se basa la estrategia actual del Gobierno socialista respecto al terrorismo?

R. A mi juicio, aunque el tema es sin duda complejo, e influyen en él condiciones históricas diversas, el Gobierno socialista ha tenido que asumir casi en solitario el protagonismo de la lucha contra la violencia terrorista por la actitud poco decidida del Gobierno vasco. Pero ha asumido esa responsabilidad de tal manera que, a medida que avance el proceso, y en la medida en que lo haga, se hará ineludible la corresponsabilización de otras fuerzas.

La actual estrategia antiterrorista se caracteriza por actuar simultáneamente en varios frentes. Concretamente, se trata de hacer compatibles y complementarios cuatro frentes: el de la eficacia policial, incluyendo la batalla política por conseguir una mayor colaboración ciudadana; el de la batalla internacional; el de una política inteligente de cara a las organizaciones terroristas que complemente la firmeza contra los violentos con la generosidad para quienes renuncien al empleo de las armas, y, finalmente, la búsqueda de una mayor estabilidad política en base el acuerdo entre todas las fuerzas democráticas y autonomistas.

No son cuatro planes, sino una única estrategia que, a mi juicio, ya está dando resultados. Creo que el efecto conjunto de todo ello es una clara disminución de los apoyos sociales recibidos por el terrorismo y un aumento correlativo de la descomposición interna del entramado de la violencia. Desde esa perspectiva global, la dicotomía medidas políticas-medidas policiales carece de sentido.