La política de traspaso, hace peligrar el Estado según los aliancistas
La ponencia sobre Política Autonómica y Administraciones Públicas elaborada para su discusión en el próximo congreso de Alianza Popular contiene una dura crítica al proceso de transferencias a la comunidades autónomas seguida por la Administración central y la política reivindicativa de Ios Gobiernos autonómicos. "La ausencia de un marco legal que fije cómo han de ser traspasadas algunas competencias", se afirma en el documento, "ha generado una dinámica reivindicativa de los techos máximos permitidos por los estatutos de autonomía que ponen en peligro todo el prestigio de la operación autonómica".Para Alianza Popular, la falta de consenso en política autonómica con las fuerzas nacionalistas y el desenfoque jurídico de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) han evidenciado una vez más la ambigüedad del título VIII de la Constitución y también de los estatutos de autonomía. "El resultado de este proceso, a estas alturas y como no podía ser menos, es sumamente preocupante", según la ponencia. "Las comunidades autónomas", según el documento aliancista, "víctimas y agentes de una dinámica política irracionalmente reivindicativa y de una no menos irracional incomprensión por parte de la Administración central, han asumido importantísimas funciones con una precariedad de medios angustiosa porque no han recibido, comor norma general, dotación alguna ni humana ni material para organizar sus propios servicios centrales".
En AP se opina que la Administración central mantiene crecientemente ociosos algunos de sus servicios. Se propugna un desarrollo pactado entre todas las fuerzas políticas para completar el proceso de transferencias a las comunidades autónomas y definir el marco de la reforma de la Administración.
La ponencia fija los criterios de AP en materia de incompatibilidades que, en síntesis, se resumen en incompatibilidad funcionarial con los cargos de designación política, salvo en los casos de parlamentarios autónomicos sin retribuciones fijas o periódicas o de escasa cuantía y cuando el funcionario trabaja en una administración distinta de aquélla en la que ostenta el mandato representativo. La ponencia fija nuevos criterios en el régimen retributivo de los funcionarios al equiparar sus salarios a los que se pagan en el sector privado.
