PSOE y UGT intentan llegar a un acuerdo sobre el proceso de reconversión industrial

La comisión ejecutiva del PSOE y la ejecutiva confederal de UGT mantuvieron ayer una larga reunión conjunta para tratar de superar Ias diferencias de fondo" que separaban a ambas organizaciones sobre el proceso de reconversión industrial, cuya configuración legal recoge el decreto-ley de reindustrialización, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de noviembre. IA principal discrepancia se centra en el tratamiento que ha de darse a los excedentes de plantilla para su acceso a los fondos de promoción de empleo.

El Ministerio de Industria sostiene que es requisito previo para la incorporación a los fondos la rescisión de los contratos de los trabajadores excedentes por la reconversión, en tanto que UGT postula la suspensión. Las posturas encontradas sobre este punto, que el decreto-ley no resuelve y cuya solución quedará plasmada en un decreto, motivó que la concertación no fructificara.Las dos ejecutivas, que acercaron sus posturas, decidieron ayer volver a reunirse para encontrar una solución compartida sobre el texto legal que desarrolle este terna, en una reunión que se celebrará antes de que el decreto-ley sea sometido al Pleno de las Cortes para su convalidación, dentro de dos semanas.

La reunión, convocada a iniciativa de UGT, se celebró en la sede del partido en Madrid y contó con la presencia de los miembros de ambas ejecutivas, prácticamente al pleno, incluidos Felipe González y Alfonso Guerra, presidente y vicepresidente del Gobierno, y secretario general y vicesecretario general del PSOE, respectivamente. Por parte de UGT, asistieron, entre otros, Nicolás Redondo, secretario general del sindicato, Antón Saracíbar, Miguel Ángel Ordóñez, José María Zufiaur y José Luis Corcuera. La discusión se prolongó durante más de tres horas y los ministros Joaquín Almunia y Javier Solana hubieron de ausentarse antes de que ésta finalizara.

Participación sindical

Manuel Chaves y José Luis Corcuera, que hicieron de portavoces del PSOE y de la UGT, respectivamente, coincidieron en que se habían salvado las discrepancias de fondo, después de "un debate largo y abierto". El acuerdo definitivo, no obstante, habrá de esperar a la reunión en la que se discutirá el contenido del decreto que desarrolla los fondos de promoción de empleo (artículo 22 del decreto-ley de reindustrialización). UGT propone que el conocimiento previo a la promulgación de esa normativa se extienda a otros sindicatos y su portavoz negó conocerla, contra la afirmación, el día anterior, del ministro de Industria, en el sentido de que ya estaba elaborada y que los sindicatos estaban informados.Corcuera precisó que las diferencias entre las dos organizaciones estriban en cómo ha de hacerse la reconversión, no en su necesidad, ya que de no hacerse se plantearía un gravísimo problema de desempleo. "La vocación del decreto-ley", dijo, "es reindustrializar, no sólo ajustar sectores en crisis". Por eso, la central socialista defiende que no hay necesidad de que se rescindan los contratos de los excedentes antes de que se puedan crear puestos alternativos.

Tanto la UGT como el PSOE valoraron positivamente el decreto-ley, porque asegura la participación de las centrales en el proceso de reconversión, garantiza la negociación y permite un mejor control del empleo de fondos públicos. "Si se respeta", declaró Corcuera, "estaríamos ante una norma suficiente". Resaltaron la mejora sustancial frente al decreto Bayón que preveía transferencias globales de 247.000 millones, mientras que el actual decreto-ley asegura un mínimo de 800.000 millones de pesetas.

La decisión de la Xunta de Galicia de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de reindustrialización no fue tratada, aunque no compromete la puesta en marcha de la reconversión, dijeron, pues se tratará de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.