El Tribunal Supremo puede hacerse cargo del sumario sobre robo y estafa en Rumasa
El director general del Patrimonio del Estado, Javier del Moral, y el director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), Juan José Burgaz López, pueden ser citados, según Europa Press, ante el Tribunal Supremo con motivo de un auto del titular del Juzgado número 11 de Madrid, que instruyó el sumario sobre un supuesto delito de robo y estafa en la Rumasa expropiada.La posible implicación de altos cargos en este caso, por el que fueron detenidos el inspector de policía Juan José Medina, y el empresario Moisés Domínguez, y la condición de aforados de estos altos cargos, es lo que ha llevado al citado juez a elevar la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que ésta decida si asume o no la competencia en el caso. La decisión del Supremo, según informaron fuentes de este tribunal, se producirá en unos 15 días.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press manifestaron que todo lo que se relaciona con este presunto fraude en la Rumasa posterior al 23 de febrero, está envuelto por el momento en una "gran complejidad" que convierte en prematura cualquier hipótesis.
Por el contrario, fuentes policiales indicaron que esta causa por robo y estafa se enmarcaría en una operación, valiéndose de la Rumasa expropiada, destinada a descubrir un supuesto mercado clandestino de aceite y alcoholes.
La Rumasa expropiada, de acuerdo con estas fuentes, pagó cuatro letras falsas en el mes de julio, por valor de unos 20 millones de pesetas, para comprar una empresa aceitera, siguiendo instrucciones de la policía. El pago formaba parte de una operación, luego frustrada, que era el cebo para descubrir el mercado clandestino.
A esta empresa aceitera, aparentemente sumergida entre las empresas del holding expropiado, le fueron desviadas importantes cantidades de aceite procedente de los almacenes del SENPA.
El inspector Medina y el empresario Moisés Domínguez, detenidos en relación con el caso, se encuentran en libertad provisional, después de que abonaran fianzas por valor de 600.000 y 3.000.000 pesetas, respectivamente.
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